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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Federación Bancaria Francesa (FBF) ha presentado una demanda ante el más alto tribunal administrativo de Francia para requerir a las autoridades tributarias que aclaren qué estrategias empleadas durante el reparto de dividendos requieren del pago de impuestos, ha explicado a 'Bloomberg' una persona familiarizada con el asunto.
Las entidades financieras sostienen que el órgano fiscal galo no ha proporcionado una guía clara en el dictamen emitido la semana pasada a este respecto. Este requerimiento se sucede tras los registros del pasado martes de las sedes de los bancos Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas y Exane, filial de la anterior, en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF por sus siglas en francés) por presunto "fraude fiscal agravado", según confirmaron a Europa Press fuentes de la autoridad judicial gala.
En este sentido, la Fiscalía indicó que los registros en las sedes de las cinco entidades bancarias se produjeron en el marco de las cinco investigaciones preliminares abiertas en diciembre de 2021 en relación con una trama para la evasión del pago de impuestos mediante el denominado método 'CumCum'.
Este tipo de fraude fiscal consiste en que un accionista extranjero de empresas cotizadas en Francia presta sus títulos a un banco del país galo cuando se aproxima la fecha del cobro de dividendos, eludiendo así el pago de la retención aplicada por el fisco francés a los dividendos cobrados por residentes en el extranjero.
El operativo, que requirió de "varios meses" de preparación, ha estado a cargo de 16 magistrados de la PNF con la participación de más de 150 investigadores del servicio de investigaciones judiciales, además de contar con la presencia de seis fiscales alemanes que han intervenido como parte de cooperación judicial a nivel europeo.
Según indicaron a Europa Press desde la Fiscalía, la multa máxima aplicable en casos de lavado de dinero agravado ascendería al 50% de la cifra evadida fiscalmente.
En este sentido, la agencia 'Bloomberg' apuntó que las entidades investigadas podrían enfrentarse a multas colectivas de más de 1.000 millones de euros, incluyendo el pago de sanciones y de intereses atrasados.
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