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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Un estudio del Real Patronato de la Discapacidad 'Análisis sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad eidentificación de retos de futuro' pone de manifiesto que solo el 11,7% de las personas participantes en la encuesta considera que las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.
En especial, esta discriminación se da en ámbitos fundamentales para la inclusión social y el desarrollo de una vida plena como la justicia, la educación, la salud y el empleo.
El trabajo sitúa entre los desafíos para el futuro la ciudadanía activa, los derechos humanos, la inclusión y participación social, la autonomía personal y la vida independiente, la igualdad y la diversidad y la accesibilidad universal, teniendo siempre especialmente en cuenta la perspectiva de género, la ruralidad o a las personas con grandes necesidades de apoyo.
Así, se reconoce que si bien las mejoras normativas de los últimos años han supuesto un "enorme avance" para las personas con discapacidad, "siguen siendo muchas las barreras que estas encuentran en su vida diaria para disfrutar del ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones".
Según el estudio, se sigue observando situaciones de discriminación y de desigual acceso, goce y disfrute a los derechos por parte de las personas con discapacidad, en función del lugar o territorio de residencia, así como barreras de todo tipo --físicas,cognitivas, de comunicación y actitudinales--.
EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
A nivel laboral, el principal reto sigue siendo la activación de las personas con discapacidad para su acceso y mantenimiento en el empleo. Pero, una de las principales cuestiones a abordar, según el estudio, es la revisión de la cuota de reserva para personas con discapacidad en la empresa ordinaria --actualmente del 2% en las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras9--, ya que "no se adecua a la realidad del tejido empresarial del país --donde la gran mayoría de las empresas no supera los 50 trabajadores--.
Por ello, consideran necesario ampliar tanto elporcentaje de reserva como la horquilla de empresas obligadas, tomando como referencia la regulación de otros países de la Unión Europea. Asimismo, ven necesario supervisar el cumplimiento de la cuota de reserva, priorizando la contratación directa de las personas con discapacidad y modificando la normativa sobre las medidas alternativas para evitar prácticas contrarias a su propósito.
De igual forma, se apunta, que en la contratación pública de las distintas Administraciones, organismos e instituciones públicas, es necesario extender la exigencia de acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad, como requisito de acceso a la contratación pública.
Respecto a la salud, se hace hincapié en la necesidad de prestar apoyo para que los padres y las madres con discapacidad conserven toda la responsabilidad de la paternidad o maternidad, y se promueva una imagen positiva de su capacidad y de su derecho a ser padres o madres, si así lo desean, a la vida en familia.
En el terreno de la educación, se pone en evidencia la necesidad de adoptar medidas que conciban la educación inclusiva comoderecho, y que otorguen a todos los y las estudiantes con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a las oportunidades inclusivas de aprendizaje en el sistema educativo ordinario, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran.
En cuanto a la participación activa, el trabajo constata "tímidos avances" en la participación institucional de las personas con discapacidad, en especial como cargos electos y en otros puestosde responsabilidad en instituciones y organismos públicos.
Tal y como apunta el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en España "es extremadamente bajo" el nivel de participación y representación de las personas con discapacidad en los órganos de adopción de decisiones nacionales, autonómicas y locales. Un hito de "gran relevancia" ha sido la modificación del Régimen Electoral General para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad (también de quienes tienen su capacidad modificada); sin embargo aún subsisten barreras en las condiciones de accesibilidad universal de colegios electorales, oficinas de correos --voto por correo-- o en los materiales y dispositivos accesibles para asegurar el voto autónomo y secreto de todas las personas --por ejemplo, para personas condiscapacidad visual que no conocen el braille, o para personas con dificultades cognitivas, a través de la lectura fácil--.
Ante esa realidad, el trabajo concluye que resulta necesario seguir realizando "una acción decidida por parte de los poderes públicos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones,la igualdad y la no discriminación, taly como exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
El estudio busca ser de utilidad para poder realizar las políticas públicas a favor de los derechos de las personas con discapacidad basadas en el conocimiento científico. Para ello se ha desarrollado un análisis normativo, estadístico y documental sobre discapacidad, y ha contado con la opinión de la ciudadanía, entidades e instituciones, buscando la participación de las personas condiscapacidad.
Para ello se ha realizado una consulta a través de una encuesta en formatos accesibles en la que han participado 8.873 personas, más de la mitad de ellas con discapacidad; también se han realizado 13 grupos de consulta con más de 190 personas participantes, siendo la mayoría ellas con discapacidad, además se han realizado entrevistas en profundidad con personas con grandes necesidades de apoyo.
Para el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, "este trabajo pone de relieve la apuesta del organismo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la generación de conocimiento relativo al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, que a su vez sirvan de base para el diseño de la acción pública".
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