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MADRID, 23 (OTR/PRESS) La reclamada unificación de doctrina sobre el trato a los delincuentes sexuales, tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, llevará tiempo y no saldrá del Tribunal Supremo en modo automático y unívoco porque irá caso por caso.
Si tenemos en cuenta la unidad de criterio de la Fiscalía, contraria a rebajar penas por conductas antiguas que encajan en las horquillas de ahora (excepción hecha de los tipos mínimos, donde es obligado aplicar la norma más favorable al reo), no viene a cuento alimentar el espejismo de que la reforma del Código Penal promulgada por el Gobierno supone una excarcelación masiva de violadores.
Por las mismas, tampoco me parece razonable alimentar ese artificial estado de opinión que pregona el desarme del Estado frente a los reventadores del orden constitucional por efecto del venidero borrado de la sedición como figura delictiva aplicable a los intentos de segregacionismo territorial.
Los vigentes marcos normativos disponen de una amplia gama de recursos (administrativos, civiles y penales) para frenar ese "lo volveremos a hacer", que dicen los independentistas en alusión a los hechos de octubre de 2017. Desde la desobediencia a la rebelión, pasando por la prevaricación, el desorden público, la malversación, el atentado a la autoridad, etc. Siempre en la perspectiva constitucional de que en la democracia española se persiguen los hechos, no las ideas. Las ideas no delinquen.
Un hombre puede ser todo lo adicto al sexo que le dé la gana, pero irá a la cárcel si actúa con violencia y sin consentimiento frente a una mujer. Un dirigente político puede defender la república, la sociedad sin clases o la independencia de Cataluña. Pero si actúa fuera de la ley será multado, inhabilitado o acabará entre rejas.
No creo que sea tan difícil de entender. Todo eso pudo haber inspirado el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a dos de las tres preguntas que le hizo el líder de la oposición, Núñez Feijóo, en su reciente cruce parlamentario (martes, sesión de control del Senado). Una, sobre la iniciativa legislativa del PSOE y UP para cancelar la sedición, en vísperas de su debate en el Congreso. Y la otra, sobre la ya promulgada ley del "solo sí es sí".
Las dos preguntas quedaron sin respuesta. Seguramente por la mala conciencia de Sánchez, que actúa por razones tácticas de supervivencia en el poder. O por ignorar que hay buenas razones políticas e ideológicas para proteger a la mujer frente a los violadores y al Estado frente a los separatistas, sin necesidad de limitar los derechos "a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones".
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