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Antonio Casado
Desde sus inicios profesionales en el viejo diario Pueblo de Madrid, Antonio Casado Alonso se especializó en información política, a la que sigue dedicándose en prensa, radio y televisión. De la generación profesional de la Transición, está casado y tiene dos hijos. En los años ochenta se incorporó a Radio Nacional de España, donde dirigió el 'Diario de la Tarde' y 'España a las ocho'. Posteriormente fue corresponsal diplomático de RNE y en 1990 ejerció como redactor jefe del semanario Tiempo hasta 1992. En estos últimos años desempeñó el puesto de corresponsal político en dicha revista. Actualmente es comentarista político de elconfidencial.com, Onda Cero, Antena 3 TV y Canal Nou.
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MADRID, 30 (OTR/PRESS) Si uno quiere hacer una casa llama a un arquitecto. Y si quiere saber si tal o cual conducta es delictiva llama a un juez. El mantra es de sentido común, pero también de respeto a las reglas de juego, sin perjuicio del derecho a la libertad de expresión como una más de esas reglas.
Lo que produce estupor es la desenvoltura con la que ciertos actores de la vida pública (léase políticos y periodistas) pontifican sobre aspectos técnicos de la decisión del Tribunal Supremo (sala de apelación) que pone al fiscal general del Estado camino del banquillo por un presunto delito de revelación de secretos o vulneración de la intimidad de una persona sin su consentimiento (artículo 197 del Código Penal.
Atención, pregunta: ¿Son suficientes o insuficientes los indicios que han inspirado la decisión de la sala?
Respuesta libre, aunque ya podemos elevar a definitiva una conclusión. Es el juez Hurtado, o en su caso los brazos del Tribunal Supremo, no los finos analistas o los ministros del Gobierno, quienes están institucionalmente habilitados para valorar dichos indicios como suficientes o insuficientes para procesar al fiscal general. Y no vale proclamarse respetuoso con el funcionamiento de la Justicia con media cara si con la otra media se acusa al juez de actuar sin pruebas contra García Ortiz.
El mal de fondo es la inconfundible politización del asunto. Se lleva por delante los imperativos del Estado de Derecho que deberían prevalecer sobre asuntos opinables, incluidas las decisiones judiciales, a su vez sometidas a un juego de recursos ante instancias de mejor criterio.
Esa nube negra de la guerra partidista ha generado la polémica sobre si el fiscal general debe o no debe dimitir una vez que ha sido procesado. E incluso si ya debía haber dimitido por los daños reputacionales causados a la institución a partir de una verificada complicidad con el Gobierno al que debe su cargo.
Aquí de nuevo se imponen las matizaciones. Moral y políticamente la situación de García Ortiz es insostenible. Por tanto, debería renunciar a petición propia. Sin embargo, la formalidad regulatoria del cargo no ve al fiscal afectado por ninguna de las causas de cese previstas en la ley (ver artículo 31 del estatuto del Ministerio Fiscal).
El procesamiento sí es un motivo de "suspensión cautelar". Afecta a todos los fiscales, a cualquier miembro de la Fiscalía contra el que se siga un procedimiento penal. Pero no al jefe. No al fiscal general, aunque sea un profesional de la Fiscalía, porque tiene un estatuto propio por su destino en "servicios especiales" que le confirió su nombramiento para un mandato de cuatro años.
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MADRID, 28 (OTR/PRESS) Nada nuevo en los mensajes de las comparecencias de Sánchez y Feijóo. El que gobierna y el que puede gobernar de un momento a otro, pues el pulso de la legislatura es casi indetectable. De ahí el tono electoralista de ambos. Como si ya estuvieran en campaña, aunque Feijóo ya venda programa de Gobierno y Sánchez no se plantee el adelanto electoral, aportando como prueba su propósito de presentar los PGE de 2026. 29 de julio de 2025.
El "Somos más" sigue vivo en la agenda de Sánchez, a juzgar por su declarada intención de seguir en el pedestal, según ha explicado a los informadores que le han acompañado en su gira sudamericana. Hago memoria. Aquel "somos más" fue la bandera agitada hace dos años para santificar su legítima ecuación de poder. 26 de julio de 2025.
No acierto a perimetrar las causas de que un asunto recurrente en los Juzgados de Familia (¿o alguien piensa que lo de Juana Rivas es especial?) se haya convertido en un culebrón que abre los telediarios y conmueve a la sociedad española. No sé si también a la italiana. 24 de julio de 2025.
Me confieso impactado por la excelente, rigurosa y oportuna pieza informativa firmada este lunes por Manuel G. Pascual en El País sobre la implicación de las grandes empresas tecnológicas de EE.UU. en "el negocio de la guerra". Nos remite al fondo del asunto: mutua aniquilación física de los seres humanos como una forma de lucro. 22 de julio de 2025.
Tantas ganas le tenían a Cristóbal Montoro propios y extraños que el culebrón destapado hace ocho años por el ABC y por el Congreso no añade nada nuevo al hermanamiento de populares y socialistas en el mismo pecado de la indolencia política frente a la corrupción. 19 de julio de 2025.
Atención a la coletilla de la pieza informativa que anuncia recursos de inconstitucionalidad contra el separatismo fiscal de Cataluña pactado en su día por el PSC de Illa y la ERC de Oriol Junqueras para que el primero diera el salto a la presidencia de la Generalitat. A modo de adenda, viene la coletilla: "En caso de que termine por aprobarse". 17 de julio de 2025.
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