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La Guardia Nacional mexicana acumula 1.254 denuncias por violaciones de Derechos Humanos desde 2019

Agencias
domingo, 20 de noviembre de 2022, 14:24 h (CET)

La Guardia Nacional mexicana acumula 1.254 denuncias por violaciones de Derechos Humanos desde 2019

La Guardia Nacional mexicana ha sido objeto de un total de 1.254 denuncias por violaciones de los Derechos Humanos desde que comenzó a funcionar, en julio de 2019, en lo que supone uno de los proyectos estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El organismo ha sido señalado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias, incumplir las formalidades en registros, emplear arbitrariamente la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida, según recoge el diario 'El Universal'.

También se mencionan presuntas violaciones cometidas en el desarrollo de las atribuciones que el organismo ha asumido en materia de aduanas, en la estrategia de migración y en la de lucha contra el robo de hidrocarburos.

La Guardia Nacional es así el organismo de seguridad con más quejas, por delante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que acumula 1.605 reclamaciones entre enero de 2019 y el 10 de noviembre de 2022. Lejos queda la Secretaría de Marina (Semar), que ha recibido 511, según los datos de la CNDH.

"La Guardia Nacional no es un cuerpo ajeno a las violaciones de derechos humanos, contrario al discurso oficial que dice que en México éstas ya se erradicaron", ha apuntado el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre. La Guardia Nacional "está replicando los patrones de uso de la fuerza y de opacidad que le conocíamos al Ejército".

La Guardia Nacional ha estado en el centro del debate político en los últimos meses ya que aunque se creo como un organismo policial de carácter civil, López Obrador ha impulsado su transformación en una entidad militar, con las consiguientes críticas de organizaciones sociales y de defensa de Derechos Humanos que destacan la necesidad de que las funciones policiales sean estrictamente civiles y no militares para evitar abusos. La modificación está aún pendiente de recursos judiciales.

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