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MADRID, 4 (OTR/PRESS) El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, aprovechó el ruido de las bombas en Ucrania para soltar el bombazo que se esperaba desde hacía tiempo: el rey emérito no será imputado, su camino penal queda despejado y la ruta de regreso a España queda desbrozada. En los dos decretos de archivo queda claro que la investigación logró documentar conductas que podrían haber desembocado en acusaciones de diversos delitos, no solo fiscales, sino también de blanqueo de capitales y cohecho. La cuestión es que algunos de estos delitos han prescrito, otros quedan sin reproche penal gracias a la regularización fiscal millonaria que hizo Juan Carlos, y el resto no pueden ser perseguidos por la protección absoluta que la inviolabilidad le concedió mientras estuvo en el trono.
Aunque haya cortesanos que consideran el archivo de la investigación como prueba de la inocencia del rey emérito y exigen disculpas a quienes señalaron sus irregularidades, la situación es justo la contraria: los decretos de la Fiscalía documentan la trayectoria poco inocente del rey y es él quien debería disculparse ante los ciudadanos de este país y explicar las operaciones opacas que realizó durante años y que a cualquier ciudadano de este país lo hubieran llevado ante un tribunal y, casi con toda seguridad, a la cárcel.
Pero, a pesar del fiasco, nos queda algo más que la legítima indignación. Tenemos el derecho a exigir a nuestros representantes políticos que reformen la Constitución para eliminar esa inviolabilidad real tan extensa que llega a amparar el delito del monarca. Porque podemos entender, no sin dificultad, que los constituyentes del 78 no llegasen ni a imaginar la posibilidad de coronar a un rey defraudador. Pero medio siglo después, y visto lo visto, si la historia se repitiese en un futuro, el defraudador coronado tendría unos cómplices incapaces de corregir esa insoportable figura.
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