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MADRID, 14 (OTR/PRESS) Las primeras decisiones que ha tomado el Gobierno sobre el reparto de los fondos europeos del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está evidenciando lo peor de la política. En un asunto como éste, en el que la ayuda europea puede y debe ser la palanca para intentar salir de la crisis económica provocada por la pandemia generada por el covid 19, estamos empezando a ver que, en vez de proceder como ha hecho en Italia Mario Draghi, responsabilizando de la gestión del reparto de los fondos europeos a un comité independiente del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha elegido ser juez y parte.
De ahí nacen las denuncias de la oposición. Pablo Casado (PP) habla de discriminación y ausencia de un trato homogéneo e Inés Arrimadas (Ciudadanos) acusa al Gobierno de repartir los fondos a dedo. Algunos de los gobiernos regionales -destinatarios de los fondos-, no están contentos. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto que fijaba un primer reparto para subvenciones de empleo destinadas a Navarra, el País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura del que ellos no han visto un solo euro. Otras comunidades -Castilla y León, Andalucía y Murcia- podrían recurrir también a la vía judicial si se sienten discriminadas. También Galicia, aunque de momento, Núñez Feijóo, prudente, en su línea, ha dicho que no quiere pleitos con el Gobierno pero que llegado el caso, también recurriría.
En un país serio, con una situación política menos polarizada y con otro tipo de Gobierno, el reparto de los fondos europeos estaría planteado en términos equitativos atendiendo a criterios de equidad que tuvieran en cuenta en unos casos la población y en otros las circunstancias del territorio. Eso sería lo normal. Pero en la España de nuestros días los políticos juegan en una liga en la que prima el clientelismo y la confrontación. A mi modo de ver, vamos mal.
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