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MADRID, 10 (OTR/PRESS) La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones por la construcción del AVE a La Meca. La investigación tiene que acotarse necesariamente en el tiempo porque el presunto pago se realizó en 2008, cuando aún era Jefe del Estado y por tanto inviolable. Pero la Fiscalía considera que sí puede investigar los posteriores movimientos de ese dinero en cuentas corrientes a nombre de testaferros en paraísos fiscales a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió esa protección constitucional. La investigación es incipiente y lo que se investiga es, de momento, presunto; como la presunción de inocencia ampara al incipientemente investigado, igual que a cualquier otro ciudadano. Pero los hechos que se investigan son gravísimos y no pueden despacharse con el silencio del afectado ni con el de quien heredó el trono. Si fue tal y como se describe, Juan Carlos debería explicarse y responder ante los ciudadanos antes de hacerlo frente a un tribunal. Y si no fue así, debería despejar cualquier duda por respeto a su propia persona, al país en que reinó y a la institución que encarnó, que sólo puede sobrevivir si asienta sus cimientos en la ejemplaridad. El propio rey Juan Carlos nos dijo una noche navideña, ante los indicios delictivos que pesaban sobre su yerno, que "la justicia es igual para todos y cualquier actuación censurable debe ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley, porque cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o la ética, es natural que la sociedad reaccione". Solo podemos suscribirlo, aunque es perturbador imaginar que mientras pronunciaba estas palabras anduviese de la ceca a la meca en turbios asuntos. Pero la reacción de la que hablaba el rey no solo debe ser social. Junto a los ciudadanos también deben responder sus legítimos representantes. Porque si la irresponsabilidad que consagra la Constitución es tal que protege a un rey irresponsable que se salta la ley, lo irresponsable en una democracia es no modificar la ley que establece esa absoluta irresponsabilidad que lo protege hasta del delito. Eso no afectaría al privilegio del que gozó el rey emérito en el pasado, pero evitaría la impunidad ante posibles desmanes futuros.
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