Cumplir la Ley no es una opción sino una obligación

Cuesta creer en la clase de Estado que quieren, para Cataluña, todos estos revolucionarios que han decidido saltarse las leyes de una nación democrática, integrada dentro de un conjunto de naciones también democráticas y formando parte de una estructura formada por países que han decidido juntarse para ser más fuertes tanto en el aspecto económico, como en el social y en el industrial, con unas instituciones comunes capaces de defender a Europa de cualquier agresión que nos llegue de fuera, con la colaboración de todas las FF.AA de las naciones que integran la UE. Unos funcionarios elegidos democráticamente, de acuerdo con las leyes y la Constitución española, que deciden por su cuenta pedir al Estado español que les permita abandonar, como país independiente, su ligazón de siglos con la nación española de la que han venido formando parte integrante, argumentando que, menos de la mitad del pueblo de Cataluña se ha manifestado dispuesta a asumir la aventura. Se apoyan en unas elecciones autonómicas en las que, el ganador absoluto ha sido un partido constitucionalista (Ciudadanos) que, no obstante, no ha alcanzado la mayoría de escaños precisa para controlar el Parlamento catalán.

Nadie les puede negar su facultad de crear sus propias alianzas, ni el derecho a gobernar el país de acuerdo con las facultades que les otorgan sus estatutos autonómicos o, incluso de establecer las normas internas que las leyes del Estado, en virtud de la delegación de competencias, les permitan promulgar, siempre dentro de los límites constitucionales del Estado de derecho. Sin embargo, lo que está sucediendo en Cataluña se basa en una serie de incumplimientos de las leyes, las sentencias de los tribunales, los autos del TC, cometidos precisamente por quienes debían, por la responsabilidad que habían asumido, velar para que este tipo de infracciones no se produjesen y, máxime cuando en el caso que nos preocupa formaba parte de toda una estrategia organizada para chantajear al Estado. Una serie de actos ilícitos que se han ido reproduciendo a través de los años, cada vez con más virulencia, más impunidad, más enfrentamiento a los poderes del Estado hasta llegar a un punto en el que se ha puesto al Gobierno democrático de país y al propio Estado ante la necesidad ineludible de acudir al remedio del Artº 155 de la Constitución, para intentar cortar por lo sano una deriva que amenazaba con acabar en un enfrentamiento a cara de perro entre los propios catalanes.

Lo que no somos capaces de entender, por mucho que los independentistas arguyan razones sentimentales para sus ambiciones de segregación de Cataluña de España, es ¿qué tipo de Estado están pensando crear cuando lo que, desde las escuelas ( ante la absoluta permisividad de los sucesivos gobierno de la democracia), fruto de una bien organizada colaboración de los enseñantes, se les ha ido inculcando el odio hacia España, los españoles y todo que pueda venir de más allá de las fronteras de la comunidad catalana; se ha estado, durante años, generación tras generación, creando el caldo de cultivo para la revolución que en estos momentos estamos presenciando en toda Cataluña? ¿Acaso han pensado que, la falta de respeto por las leyes, que les han imbuido a las nuevas juventudes, no puede dar lugar a una falta de respeto por las mismas y la tentación de seguirlas incumpliendo cuando se consiguiera la independencia, como algo normal que se les ha enseñado a hacer?

La misma esencia de la democracia ¿seguimos hablando de ella o las nuevas tendencias que nos han traído de Venezuela estos comunistas bolivarianos, dirigidos por el señor Pablo Iglesias, ya consideran poco avanzado esto del “gobierno del pueblo por el pueblo” y han decidido pasar directamente al sistema del clásico “gobierno popular”, tal y como se aplicó en España gracias al pucherazo en las elecciones de febrero de 1936, por aquellos grupos de salvajes que se apoderaron de las calles de Madrid y Barcelona para implantar en aquellas capitales la ley de la selva, inundando sus calles y rincones de personas a las que se les quitaba la vida por el mero hecho de ser de derechas o católico. No sé por qué, estas mozas tan desinhibidas que acompañan en el Parlamento al señor Iglesias y al señor Iñigo Errejón, como la espabilada Irene Montero, por su gesto displicente, su evidente desprecio por sus adversarios políticos y la cerrazón mental que le impide discutir con la mente abierta de cualquier problema de los ciudadanos españoles; nos recuerdan a aquellas mujeres, milicianas, que salieron a las calles armadas de enormes pistolones, para colaborar en la captura de “facciosos” a los que conducían para “refrescarles la memoria” a aquellos centros de tortura importados de la KGB (chekas) en la que verdaderos especialistas se recreaban creando todo el dolor del que eran capaces, aunque la pobre persona que caía en sus manos fuera inocente de todo lo que se le acusaba. Para que luego vengan estos ignorantes de ahora a hablar de las represalias de terminada la guerra, como si todos los que fueron fusilados entonces tuvieran un historial impoluto. Curioso que, cuando se juzgó a los nazis en el juicio de Núremberg, un juicio a todas luces carente de las mínimas garantías legales (todos estaban condenados de antemano) ninguno de estos que se rasgan las vestiduras ante los juicios franquistas, movió un dedo para protestar ante aquella muestra de venganza colectiva de los vencedores de la guerra.Es que, señores, estamos asistiendo a un retorcimiento tal de los argumentos, a una retractación tan vergonzosa de aquellos que fueron encarcelados en “olor de santidad”, al parecer de una gran parte de los catalanes; a unos comportamientos tan poco consecuentes con las ideas que decían sostener los que entonces galleaban, creyendo que acabarían venciendo al Estado español y que ahora, reblandecidos por unos pocos meses de estar en prisión, parecen dispuestos a renegar de sus ideas, con tal de que se les permita regresar a casa. Haría mal el juez del Supremo, Pablo Llarena, en aceptar ahora que, los tres inculpados, como Carme Forcadell, Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, hayan manifestado que “nunca aceptarían una declaración de independencia unilateral” como argumento para que se los deje en libertad porque, entre otras razones, ellos no han ocupado cargo público y si han sido verdaderos impulsores de las algaradas en contra de la Guardia Civil, en los registros del despacho de Junqueras y de las agresiones que, en tales ocasiones, tuvieron lugar contra los representantes de la Ley.

Nos costaría mucho entender que se haya retenido en la cárcel al señor Junqueras (algo que nos parece bien), al fin y al cabo, de todos los procesados, el más consecuente con sus actos y, no obstante, que se dejara en libertad a estos dos verdaderos agitadores de masas que, como es evidente, reincidirían a la menor ocasión de que se les presentase de hacerlo. En realidad, es preciso que el respeto por la Ley se convierta en algo que, nos guste o no, con independencia de que, por medios permitidos, se pudiera luchar contra algunas que nos parecieran injustas, nunca ha de depender del estado de humor de los ciudadanos, de su conocimiento o su desconocimiento o de los estímulos que induzcan a uno a desobedecerla. Mientras no se demuestre lo contrario un Estado democrático dispone de leyes encaminadas a mantener el orden, a ocuparse del bienestar de los ciudadanos, a evitar los enfrentamientos entre ellos, a dar seguridad al ciudadano y a garantizar que cada español tiene derecho al ejercicio de sus libertades lo que, a la vez, comporta que cumpla con todas las obligaciones inherentes a un Estado de derecho. No estamos muy seguros de que la pretensión de ir alargando los problemas, de dejar transcurrir los plazos y de prolongar situaciones irregulares, como la que en estos momentos sigue manteniendo el señor Puigdemont en su destierro voluntario de Bélgica, sea lo que más convenga al Estado español sí, de lo que se trata es de recobrar la normalidad, que se forme un nuevo gobierno que se comprometa a dejar apartado, para otra ocasión, la reivindicación de la independencia y que se pueda dejar sin efecto la aplicación del 155, sin que ello impida que, de producirse un nuevo intento de alteración de la legalidad vigente, se volviera a implantar y, en tal caso, con la máxima rotundidad y energía.

Un país que no respeta las leyes es un país que carece de perspectivas de futuro ya que todo sistema de gobierno precisa de ciertas normas que todos se deben comprometer a aplicar. Para eso existen en todas las democracias posibilidad de acudir a las urnas para pedir cuentas, a los que nos fallaron, por su comportamiento o para confiarles, un nuevo plazo para que puedan seguir gobernando si es que consideramos que lo han estado haciendo bien.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, queremos hacer hincapié en este pasotismo que cada vez se nota más respecto a que los ciudadanos sólo vienen actuando por miedo al castigo y no por propio convencimiento, por ello, cuando se trata de crímenes pasionales, por mucho que el legislador intente poner límites, al no existe el freno del autocontrol debido a que estamos sufriendo un tipo de enajenación mental transitoria, el miedo a los resultados de la acción punitiva que se lleve a cabo, está por debajo del impulso emocional que induce al sujeto a actuar sin comedimiento para vengarse de su víctima. Por ello, pese a las asociaciones feministas, a los grupos de protección a las mujeres o las medidas preventivas que pudieran adoptar las instituciones policiales, vemos como, cada día, se cometen asesinatos de tipo sentimental sin que el freno que debería suponer el inmediato ingreso en prisión del delincuente, quedara ampliamente superado por el instinto de venganza de aquel que se considera traicionado, con razón o sin ella, por su pareja.