Convergència i Unió (CiU) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso con la que insta al Gobierno a obligar a los bancos que reciban recursos del rescate bancario europeo a destinar una parte a financiar las necesidades de familias y empresas, así como que estas ayudas sólo se otorguen a entidades que se pueden reconstruir y no a las que sería "preferible" subastar o liquidar de forma ordenada.

Según consta en la propuesta, es necesario establecer una "hoja de ruta explicativa" sobre la consecución de las ayudas europeas al sector financiero, incluyendo los "compromisos explícitos" de las entidades con la financiación de la economía real.

"Dicho documento deberá especificar el calendario en que se percibirán los tramos de ayuda, sus condiciones, así como un razonamiento sobre las necesidades de financiación del sector financiero español, el concepto y la finalidad a la cual se quiere destinar estos recursos", precisan los nacionalistas catalanes.

En este sentido, consideran necesario "fijar objetivos de aumento del crédito vinculados a las ayudas", y crear un "coeficiente de crédito-depósitos" vinculado a las ayudas que, aunque no supongan un "coeficiente de inversión obligatoria", sí permitan "asegurar que una parte de los recursos europeos se destinan a ese fin".

SIN GASTOS PARA EL CONTRIBUYENTE
En su iniciativa, CiU también emplaza al Gobierno a "garantizar" que no el contribuyente no tendrá que pagar nada por reforzar o reconstruir entidades financieras en situación concursal, proponiendo que "cualquier ayuda pública o procedente de fondos europeos que sea destinada a una entidad financiera vaya acompañada de un análisis coste-beneficio que permita justificar que la reconstrucción de una entidad financiera es preferible a su subasta o a una liquidación ordenada de la misma".

De hecho, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, sugirió el pasado jueves durante el debate de convalidación de la última reforma financiera --que su grupo respaldó en la votación-- que se planifique una "liquidación ordenada de Bankia" para no tener que inyectar en esta entidad los 23.000 millones de euros previstos.

Precisamente esa reforma financiera plasma en la legislación española los extremos incluidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) pactado con Bruselas para poder acceder a ese rescate bancario por un máximo de 100.000 millones de euros.

Sin embargo, los nacionalistas catalanes tienen dudas sobre algunas de esas condiciones, que plasman en su iniciativa en forma de preguntas al Gobierno. Así, se preguntan quién fijará los criterios para decidirse por la liquidación, la subasta o la reconstrucción de una entidad, así como qué criterios se utilizarán para tomar esa decisión. Por otra parte, interrogan sobre una posible sustitución del FROB por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en los consejos de administración cuando las ayudas europeas las articule directamente dicho ente.

También inquieren si el Gobierno piensa adoptar medidas para aumentar el crédito de aquellos sectores que pueden ser motores de la reactivación --investigación e innovación, internacionalización y creación de empleo joven-- con el fin que "las ayudas al sector financiero reviertan también en un proceso de reactivación económica y de cambio de modelo productivo", así como si tiene intención de establecer "objetivos explícitos de crecimiento del crédito" para las entidades con ayudas públicas.

Por último, recuerdan que el rescate bancario viene acompañado por "condicionalidad macroeconómica", por lo que "es preciso que la articulación de las ayudas al sector financiero permitan también ser altamente eficaces para facilitar la reactivación de la actividad económica y el empleo a corto y medio plazo".