El Ministerio de Fomento ha comunicado a las Comunidades Autónomas que pretende establecer una amnistía sobre viviendas ilegales dentro de la reforma de la legislación urbanística. Con ello se pretende evitar la demolición de determinadas edificaciones con sentencia firme en contra, con la condición de que exista una tercera persona, de buena fe, ocupando el inmueble. Es decir, las condiciones son: en primer lugar, que el Ayuntamiento diera una licencia. Que esta licencia fuera ilegal. Que la casa amparada en la licencia estuviera completamente finalizada y, finalmente, que un pardillo, generalmente británico o alemán, hubiera comprado la casa ante la apariencia de legalidad que la licencia le había otorgado.

Ello implica una amnistía para las construcciones, no para los constructores y promotores, ni para los alcaldes y concejales que dieron la licencia indebidamente, que en la mayoría de los casos tienen responsabilidad penal, puesto que el Código Penal declara como delito construir en Suelo No Urbanizable sin licencia.

Dónde más efectos puede tener esta propuesta es en la Costa del Sol, donde son infinidad los casos en que extranjeros que vienen a pasar sus vacaciones o su vejez a sus soleadas playas. En la mitad sur de la Comunidad Valenciana también se beneficiaran varios municipios.

Esta amnistía no afecta a las miles de viviendas ilegales que trufan nuestro territorio, surgidas de la autoconstrucción y nacidas a partir de una casita de aperos de labranza venida a más. Estas ya han sido amnistiadas por el caso omiso que ha hecho la administración ante las infracciones urbanísticas. Sólo las construidas los últimos cuatro años pueden estar preocupadas. Porque las construidas anteriormente ya han prescrito.

Bienvenida sea la propuesta si la administración no tiene que hacer el tremendo esfuerzo económico que supone el derribo de estas casas ilegales.