Tras la Semana Santa y como si de la liberación de gracia que las cofradías dan a un preso, el gobierno de España ha decretado una amnistía general para todos aquellos que tienen por costumbre ocultar dineros negros, bien sea de negocios ilícitos, bien sea escapándose de aquel eslogan de que “Hacienda somos todos”.

Sin embargo, me extrañaría mucho que alguien que acumula este tipo de dinero en la alacena de su casa, en el colchón de su cama o en su caja fuerte procediera de forma voluntaria a blanquearlo. Es humano y muy español intentar no pagar impuestos si uno puede inventarse las argucias necesarias para evitarlo.

La otra amnistía fiscal que se produjo en época de Felipe González dirigió todo este dinero a la compra de bonos y deuda del estado a un interés adecuado, lo cual incentivó el movimiento y permitió el afloramiento de un dinero vital para la financiación de la administración y sus proyectos.
La actual amnistía podría haber aprovechado la situación en la que nos encontramos un poco más. Es decir, si tenemos un sector inmobiliario bloqueado, bien podría haberse dirigido este dinero a la compra de los muchos pisos e inmuebles que están colgados de los pocos promotores que quedan o de los bancos directamente.

Vinculando la transformación de ese dinero negro con el sector inmobiliario se hubieran matado muchos pájaros de un tiro: Por un lado aflora el dinero; por otro se mueve el sector inmobiliario; también los ayuntamientos y las autonomías cobran sus impuestos (Plusvalias, Impuestos de Transmisiones); el sector se empieza a mover de nuevo y se pone en valor algo que, por el bloqueo actual, no tiene valor alguno.

Aun estamos a tiempo de mover un dinero que si no se quedará muerto en plazos fijos.