El abogado de José María Ruiz-Mateos durante 27 años, Joaquín Yvancos, tiene previsto solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ordene el ingreso en prisión de los seis hijos varones del fundador de Nueva Rumasa como medida cautelar dentro de la causa que investiga la presunta estafa a los inversores de pagarés.

Según confirmó a Europa Press el propio abogado, presentará una ampliación de la querella en la que, además, solicitará el ingreso en la cárcel del nuevo dueño del holding de la abeja Ángel de Cabo por presuntos delitos de falsedad documental y alzamiento de bienes.

Yvancos pide prisión preventiva para todos ellos porque considera que existen indicios suficientes para concluir que los hijos de Ruiz-Mateos, en connivencia con De Cabo, podrían estar realizando un vaciamiento patrimonial de las sociedades de Nueva Rumasa en contra de los intereses de los acreedores, según adelantó este jueves "Cinco Días".

Entre otras actividades, el abogado les acusa de presunto falseamiento de pagarés, avales y diversa documentación para presentarse como acreedores en los distintos concursos de las empresas de Nueva Rumasa y atribuirse así parte del patrimonio.

Por otro lado, el abogado señaló que la próxima semana también presentará una querella en nombre de cinco antiguos trabajadores de Nueva Rumasa contra los Ruiz-Mateos por impago de las cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a 2010.

La querella se presentará ante los Juzgados de Instrucción de Madrid. Entre los extrabajadores hay algunos que nunca fueron dados de alta en la Seguridad Social, según explicó Yvancos.

En la causa abierta por la Audiencia Nacional están imputados el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, sus seis hijos varones, y su sobrino, Zoilo Pazos, por presunta estafa a los inversores. Todos ellos declararon ante el juez a mediados de octubre y atribuyeron toda la responsabilidad al patriarca de la familia.

La Fiscalía Anticorrupción fija en 289,1 millones de euros el dinero que Nueva Rumasa debe a los inversores de pagarés, algo menos del 25% de las obligaciones contraídas con ellos por las cantidades depositadas y los intereses comprometidos.