Más de un centenar de personas han recibido al ex secretario general de LAB Rafael Díaz Usabiaga a su salida de prisión a las puertas del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria), donde ha cumplido condena por pertenencia a la organización terrorista ETA.
Los asistentes al acto de homenaje a Díaz Usabiaga han llegado en gran parte en dos autobuses fletados hasta la cárcel, en cuyas inmediaciones Europa Press ha podido comprobar la presencia de la Guardia Civil, y hay destacadas personalidades, entre las que figura el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que en su día fue condenado por la misma causa.
Además, han acudido a recibir al exterrorista la secretaria general de LAB, Garbiñe Aramburu, los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna Tasio Erkizia y Rufi Etxeberria, el exalcalde de Lloido Pablo Gorostiaga --condenado por colaboración con ETA--, así como sindicalistas de ELA.
La asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) había solicitado la prohibición de los homenajes previstos por un lado en las puertas del centro, y por otro en la plaza de Okendo, en la localidad de Lasarte (Guipúzcoa), a las 19.30 horas; pero el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la rechazó al no estimar delito alguno en estos actos.
José Montero, abogado nacido en Bilbao, con bufete en esta ciudad, en Madrid y Bruselas, lleva veinticinco años trabajando y en su historial tiene ya setenta mil sentencias. Trabajo duro, trabajo que el común de los mortales entiende poco, es difícil moverse entre la complejidad de las leyes.
Durante los siete primeros meses de 2025 todas las comunidades autónomas de España han superado el precio máximo histórico del alquiler. Esto quiere decir que en todas las comunidades ya se han sobrepasado los precios máximos alcanzados en los años de la burbuja inmobiliaria de 2007, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que mide el precio de la vivienda en alquiler en España desde el año 2006.
Estancada como está en el Congreso la medida de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el gobierno del Principado de Asturias ha ido más allá y ha encargado a consultoras independientes un programa piloto para evaluar el impacto de reducir la jornada semanal a cuatro días y 32 horas.