El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente este lunes la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con España, como la Ley del Referéndum del próximo 1 de octubre y las conocidas 'leyes de desconexión', y avisa a la presidenta de dicha cámara, Carme Forcadell, y a la Mesa de las consecuencias, incluso penales, si incumplen esta paralización.

El Pleno del tribunal de garantías se ha reunido --no al completo, pues uno de los 12 magistrados integrantes no ha podido asistir -- durante menos de una hora y ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes. Esto supone la suspensión automática de la reforma parlamentaria recurrida durante cinco meses prorrogables o hasta que el TC dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.

En una providencia, el TC accede a la solicitud que expresó el Gobierno en su recurso de inconstitucionalidad de que se advierta a la presidenta de dicha cámara, Carmen Forcadell; al secretario general, Xavier Muro; al Letrado Mayor del mismo, Antoni Bayona Rocamora; y a los miembros de la Mesa de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

DEBER DE NO TRAMITAR POR LA VÍA DE LA LECTURA ÚNICA
El tribunal de garantías señala que estas personas tienen el deber de abstenerse de "iniciar, calificar, introducir" en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento catalán y, sobre todo, de dictar cualquier acuerdo que implique la tramitación de una proposición de Ley por el procedimiento de lectura única.

Asimismo, se les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento". El Ejecutivo instaba al TC a que ordenase a Forcadell, Muro y Bayona a informar del contenido de los apercibimientos a las autoridades y servicios administrativos subordinados a ellos y, en particular, a la persona titular del Departamento de Ediciones, pero el TC no hace mención expresa relacionada con esta petición.

El Tribunal Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

HABILITADO EL MES DE AGOSTO
También ordena la publicación de la suspensión de la reforma del Parlamento catalán en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña. Además, habilita el mes de agosto para la tramitación del presente recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno presentó el pasado viernes un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña tras escuchar al Consejo de Estado. El órgano consultivo emitió un dictamen por unanimidad asegurando que existen "fundamentos jurídicos" para recurrir al vulnerarse derechos de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Carta Magna.

El pasado 26 de julio, el Parlamento de Cataluña aprobó una reforma sobre el reglamento de la Cámara por el que se permiten aprobar leyes por el mecanismo de lectura única, como la ley del referéndum del 1 de octubre y las conocidas leyes de 'desconexión'.