A veces se dan situaciones extrañas que rozan el absurdo. Hoy se abre el juicio del caso Monforte. Cuatro empleados públicos y el concejal de Urbanismo de la ciudad de Valencia serán juzgados por presunta prevaricación. Jorge Bellver dio el visto bueno a la construcción de un aparcamiento en el entorno del jardín de Monforte, declarado Bien de Interés Cultural, después de que todos los informes de los técnicos coincidieran en su procedencia.
El fiscal les acusa de prevaricar por no haber pedido un informe a la Dirección General de Patrimonio para realizar las obras. Sin embargo, de los tres testigos periciales citados en la instrucción se concluyen discrepancias en la interpretación. Eso es todo, una discrepancia administrativa. Al parecer es una cuestión de interpretación la necesidad de autorización previa de la Conselleria de Cultura para la ejecución de las obras del parking municipal. Las discrepancias administrativas se dirimen en la vía contencioso-administrativa. Sin embargo se dejaron transcurrir los plazos de impugnación correspondientes y obviamente tiene mucho mayor rédito político la vía penal.
Todos los altos cargos del Área de Urbanismo han manifestado públicamente su apoyo explícito a sus compañeros y al delegado recordando la hoja de servicios intachable de todos ellos. Ni siquiera en política vale todo. No tener reparo en acudir a lo penal y arrastrar incluso a técnicos municipales con intenciones e intereses únicamente políticos es una irresponsabilidad por parte de los denunciantes que ya quedó reflejada cuando dejaron pasar los plazos para que se resolviera el asunto donde le corresponde si se consideraba que existía alguna irregularidad en el expediente administrativo, pudiendo entonces incluso haber paralizado e impedido dichas obras. Pero no fue así, y cuatro años más tarde con el aparcamiento ejecutado se busca la forma de utilizar la justicia con fines políticos, práctica que se está convirtiendo en habitual en este país. Y es que hemos visto cómo, una vez imputado injustamente se pretende que el trato mediático y público tenga los mismos efectos políticamente que una condena judicial, llegando en muchos casos al efecto perverso del linchamiento. Con la que cae en este país, otra vez durante toda esta semana vamos a tener que ver cómo la justicia pierde el tiempo y el dinero en cuestiones orquestadas por maniobras políticas. Y, por supuesto, Jorge Bellver y los cuatro funcionarios serán declarados inocentes pero el daño a su imagen queda hecho.
