En los últimos tiempos ha comenzado un debate en algunos sectores todavía minoritarios de la sociedad española sobre los trabajos de cuidados, entendidos como todos aquellos trabajos vinculados al sostenimiento y reproducción de la vida. Este debate debe ser abordado sin demora si queremos que nuestro Estado del bienestar sea verdaderamente eficaz y haga honor a su nombre.

Si atendemos a la cantidad de horas de trabajo que realiza una persona nos damos cuenta de que es mayor el tiempo que dedicamos a trabajos no remunerados que al empleo propiamente dicho. Es decir, que cuando termina nuestra jornada laboral seguimos trabajando en labores domésticas o en el cuidado de otras personas. Tendemos a considerar que eso no es trabajo, pero, realmente, muchas veces nos ocupa más tiempo y esfuerzo que nuestro empleo. Esto se agudiza especialmente en el caso de las mujeres, que son quienes más tiempo dedican a estas ocupaciones, y es que existe lo que se ha llamado una división sexual del trabajo, por la cual la realización de las tareas de cuidados ha correspondido tradicionalmente, y sigue siendo correspondiendo mayoritariamente, a las mujeres.

Los trabajos de cuidados, ya sean labores domésticas o cuidado de ancianos, niños o personas dependientes, o bien se realizan en forma de empleo formal de baja remuneración, o bien se convierten en un empleo informal o en labores no remuneradas. La sociedad invisibiliza las tareas de cuidados y se las asigna a las mujeres.

La sociedad española es una sociedad muy familiar, al igual que ocurre con otras sociedades mediterráneas. Esto tiene una explicación cultural y también religiosa, puesto que los países de religión católica tienden a ser más familiares que los protestantes. Sin embargo, que la sociedad española sea familiar, algo que es positivo, no significa que su sistema de bienestar tenga que serlo, como así ocurre. Y es que tenemos un Estado de bienestar que hace dejación de funciones y deja en manos de las familias todas las tareas de cuidados, lo que tiene consecuencias muy perjudiciales para la calidad de vida de los españoles, especialmente de las mujeres, y, paradójicamente, desincentiva enormemente la natalidad.

Una persona tiene que sentirse protegida y cuidada independientemente de si tiene familia o no. No puede ser que sean los abuelos quienes estén obligados a ocuparse de los nietos porque no hay una educación pública gratuita de 0 a 3 años, por ejemplo. O que sean las mujeres quienes tengan que ocuparse de los ancianos porque el Estado no invierta lo necesario en servicios sociales. Esto puede parecernos muy normal, pero no ocurre en los países nórdicos, por ejemplo, donde el Estado del bienestar ha entendido que los cuidados son uno de los ejes de la calidad de vida de los ciudadanos.

Está muy bien que seamos una sociedad familiarista, pero eso no significa que el Estado no deba ocuparse de la cuestión de los cuidados y no garantice el bienestar de todos los ciudadanos, con independencia de su situación familiar. Que entendamos esto y lo convirtamos en una exigencia para los poderes públicos es crucial si queremos mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida.