Un segundo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica incide en la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de una conducta prevaricadora como "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El documento, con fecha del pasado 27 de marzo -casi un mes después del primero- y al que ha tenido acceso Europa Press, incide en el contenido del informe conocido ayer si bien no habla del delito de cohecho, centrándose en un presunta prevaricación que apuntalan diversos testigos interrogados por la Guardia Civil sobre este expediente.

La UCO concluye que las declaraciones prestadas ponen de manifiesto la existencia de "significativas y evidentes contradicciones" entre los diferentes testimonios y permiten concluir la existencia de "una pluralidad de acciones" por parte del Comité de Expertos -del que formó parte Cifuentes- que tuvieron como única finalidad favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L. en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos".

PERCEPCIÓN "PALADINA"
Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien en este segundo informe no alude a esta circunstancia.

El informe reproduce las declaraciones, como autores de un presunto delito de prevaricación, realizadas en las dependencias de la Guardia Civil por otras tres personas que participaron en este expediente administrativo: la jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recorder, la jefa de relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino -que formaba parte del comité de expertos- y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri.

A juicio policial, el análisis efectuado al contenido de las referidas
declaraciones "avalaría aun más" las conclusiones apuntadas del informe del 1 de marzo dado a conocer este martes, dadas las contradicciones observadas en los citados testimonios.

La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones habría sido la de proporcionar a la empresa de Arturo Fernández un amplio margen de puntos "para poder afrontar la apertura del último sobre del que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de

las empresas licitadoras (...) donde el comité de expertos no
intervenía".
CERO PUNTOS PARA LA EMPRESA RIVAL
Esa circunstancia es fácilmente apreciable en ambas licitaciones, y
concretamente en la licitación del año 2011, según la UCO, dada la diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.

Así, la Guardia Civil puntualiza que el componente del comité de expertos Isaac Arturo Zubiri faltó a la verdad a la hora de elaborar

el Informe de valoración de las ofertas
Se esta circunstancia, concluye la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos María Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores".