WASHINGTON - .Si es usted una gran corporación o un candidato político respaldado por montones de dinero de origen privado, tenga la seguridad de que la mayoría conservadora del tribunal le brindará ayuda, será solícita a sus necesidades y estará dispuesta a dispersar a los molestos que se atrevan a desafiar su poder.

Este tribunal ha sentado precedentes que van a tener el efecto de declarar a algunas empresas demasiado grandes para ser demandadas en acciones civiles, como han descubierto los consumidores de la AT&T y las empleadas de Wal-Mart.

¿Y se acuerda de las simpatías conservadoras que en teoría hay hacia los estados como "laboratorios de democracia" y las soluciones pioneras a problemas difíciles?

Vaya usted a contárselo a los de Arizona

La población de Arizona se valió de un referendo para crear un sistema muy práctico de financiación de las campañas políticas diseñado para paliar la corrupción y dar una oportunidad a los candidatos que decidieran renunciar a las donaciones de los grupos de interés.

El pueblo toma medidas, observa la jueza Elena Kagan en un voto particular brillantemente crítico, tras un escándalo en el que "casi el 10% de los legisladores del estado fueron sorprendidos aceptando donaciones de campaña o sobornos a cambio de apoyar un anteproyecto".

Con la iniciativa "comicios limpios" de Arizona, los candidatos que recaudaran una cantidad modesta de dinero a través de donaciones muy pequeñas podrían recibir una generosa suma de dinero público. No podrían recaudar más dinero privado.

Ningún candidato tenía que pasar al sistema público. Pero si un candidato con fondos privados o con grupos de interés apoyando su campaña empezara a superar la cantidad de un candidato con financiación pública, el sistema público acudiría en su rescate con fondos adicionales de forma que el candidato con "dinero de origen conocido" no fuera barrido de la campaña a base de letales donaciones.

¿Por qué era importante? Kagan da en el clavo: "Los candidatos elegirán solicitar" la financiación pública "sólo si la subvención proporcionada les permite protagonizar campañas con posibilidades de victoria". Tan sobrecogedor sentido común brilla por su ausencia en los recientes fallos judiciales relativos a la financiación de las campañas -- sobre todo el fallo del caso Citizens United, edicto conservador por 5 a 4 votos que permite a nuestras pobres corporaciones ampliar su poder a la política estadounidense.

Esta es la parte asombrosa: durante años, los detractores de la reforma de la financiación de las campañas han acusado a los que quieren modificar el sistema de tratar de reducir el alcance del discurso político. Pero el código de Arizona, como señala Kagan, "subvenciona y por tanto produce más libertad de expresión política". Y a continuación vino este golpe en la sentencia del presidente del tribunal John Roberts: "salvo en un mundo patas arriba, la competencia electoral y la expresión en campaña adicional no van en detrimento de la Primera Enmienda".

De hecho, Roberts hubo de sostener que los candidatos terriblemente oprimidos financiados con fondos privados verían "lastrada" su libertad de expresión simplemente porque sus rivales de financiación pública contarían con los medios para responder.

Kagan y los magistrados del voto particular defendían la libertad de expresión. La mayoría de Roberts defendió el discurso financiado. Los magistrados del voto particular quieren dejar que los candidatos hablen; la mayoría quiere mejorar la posición del dinero a la hora de manifestarse.

Roberts se ensañó especialmente con cualquier noción de "armonizar la competencia" entre el candidato de los fondos privados y sus rivales. Hasta llega a incluir una nota en el fallo remitiendo al portal del colectivo Comisión de Ciudadanos por unas Elecciones Limpias en internet que en una ocasión afirmó que el código se presentaba "para equiparar las condiciones de la competencia al postularse a un cargo en la administración". ¡Qué miedo!

Kagan destacaba maliciosamente "el desprecio de la mayoría a 'la armonización de recursos'" y a continuación restaba importancia a su obsesión observando que el juez Roberts no estaba teniendo en cuenta el objetivo central de combatir la corrupción. Armonizar los recursos es el medio, no el fin.

No obstante, hay que reconocer el mérito de la forma en que esta mayoría judicial conservadora se eriza como un gato ante cualquier iniciativa encaminada a dar una oportunidad de triunfar a los menos ricos o menos poderosos, ya sea en las urnas o en los juzgados. Nunca desde la época de Mark Twain un Tribunal Supremo ha estado tan decidido a consolidar a ricos y empresas. De ahí la importancia de casos como el de Wal-Mart o la AT&T, descrito este último por el New York Times como "golpe devastador a los derechos del consumidor". ¿Se sentirá el tribunal tan consumido por su poder que plantará cara a ejecutivo y legislativo con la excusa de la reforma sanitaria?

En 1912, Theodore Roosevelt advirtió que los tribunales "habían llegado a ocupar una posición desconocida en cualquier otro país, una posición de superioridad tanto sobre el legislativo como sobre el ejecutivo". Peor aún, "los privilegios han acampado en muchas salas de justicia igual que acamparon anteriormente en muchas instancias legislativas y en muchos despachos ejecutivos".

¿Qué le sucede a la democracia cuando su instancia judicial más elevada se dedica a defender al privilegiado? Ese es el desafortunado experimento en el que ahora nos embarcamos.