Reclutar a menores de edad para servir en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional humanitario, tanto en tratados como en el derecho consuetudinario, y se encuentra tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esta reprochable práctica sigue siendo común en el anacrónico conflicto del antiguo Sahara Occidental, hoy territorio marroquí y fallido “Sahara Occidental”.

Para dimensionar el peligro a que los niños se exponen debido a este reclutamiento prohibido, basta con mencionar lo acontecido en la zona tampón de Mijek el pasado 14 de marzo, cuando el denominado “ministro de defensa” del separatista Frente Polisario, Abdullahi Lehbib Bilal, acabó sufriendo una herida de bala precisamente cuando estaba por dar apertura a una práctica con armas de fuego en el que participaban mujeres y menores de edad.

El Polisario, conocido por prácticas arcaicas e inaceptables para los tiempos que hoy vivimos, entre ellas el secuestro de mujeres adultas y la malversación de ayuda humanitaria internacional, ha intentado disimular el permanente reclutamiento de menores realizando su adoctrinamiento en el mismo desierto del Sahara, sin exponerse a evidenciar sus faltas enviándolos a países ajenos a la región del Magreb.

Mijek es una localidad que se encuentra en una zona desmilitarizada por las Naciones Unidas, pero el Polisario afirma en su propaganda que se trata de un “territorio liberado”, cuando debería encontrarse bajo control de la controvertida MINURSO.

El Polisario pretendió ocultar el balazo recibido por su “ministro” de defensa, pero de todas maneras la noticia se filtró al exterior, aunque sin dilucidar si se trataba de una bala perdida o un atentado.

Desde el lugar de los hechos, fuentes anónimas se inclinaron por la versión del atentado, alentado por Mohamed Lamine Buhali, predecesor de Abdullahi Lehbib Bilal, quien sigue resentido por su destitución acaecida hace poco más de un año.

El conflicto es múltiple, dado que además de evidenciar el malestar interno dentro del Polisario, pone al desnudo violaciones de Derechos Humanos por parte de su dirigencia y ocurren en un lugar que debería estar bajo custodia de la MINURSO, y no de quienes irregularmente lo controlan.

Las normas internacionales establecen la edad de dieciocho años como mínima requerida para que los individuos puedan ser reclutados y servir en bandos armados. Quienes utilizan a menores incurren en violaciones graves contra el derecho de los niños a no involucrarse en situaciones de conflictos semejantes.

Todas estas iniquidades tienen lugar, debemos recordarlo, debido a la negativa de los autoritarios que ejercen la cuota de poder que Argelia les permite, en el seno del Polisario, dado que su tesitura impide a los saharauis decidir su futuro libremente desde posiciones autonomistas, como lo desea la mayoría.

El futuro de los erguibats, tuaregs y chaambas del antiguo Sahara español debe decidirse de órganos autonómicos encuadrados en el Magreb de los pueblos, y no desde criterios de independencia selectiva y ficticia con el mapa dibujado por España en la mano, como pretenden Argel y algunos propagandistas españoles.

Solo así este pueblo de dignos hijos del desierto, convertido por la fuerza en mendigo de la ayuda internacional, podrá recuperar sus verdaderos valores sociales y morales que lo libere del triste papel de peones de un perverso juego de intereses, cuyos motivos le son ajenos.