La decisión del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, no responde a filias y fobias políticas, ni a actuaciones malintencionadas ante determinados fiscales por causas de corrupción, sino a una práctica necesaria de renovación y promoción sometida a criterios técnicos de rigor y con un procedimiento garantista, dentro de los Estatutos del Ministerio Público.
La desorbitada respuesta del PSOE, jaleada por Podemos y nacionalistas, no procede de argumentos sólidos sino de una estrategia de descrédito que después sirve como pasto fácil a los que quieren dinamitar el sistema.
Estas descalificaciones grandilocuentes generan en la ciudadanía una desafección hacia el ministerio público y hacia la justicia, y deterioran la percepción social de lo que es y significa el Estado de Derecho.
