Eso es lo que se deduce de la sentencia del caso Nóos. Especialmente si pensamos en Urdangarin. Discriminación es toda aquella acción u omisión que se realiza por personas, grupos o instituciones y que produce desigualdad. Y, a mi juicio, es evidente que a una persona que ha sido condenada por corrupción con una considerable cantidad de millones de euros defraudada se le permita esperar en Suiza, sin fianza y sin retirarle el pasaporte me parece un agravio comparativo respecto a otros numerosos casos de delitos similares o no en los que las medidas son mucho más fuertes. A los datos me remito, ya que Hacienda cifra en 16 millones de euros los cobros recibidos por la trama de Urdangarin.

Y casi el 40% del dinero defraudado salió de las arcas públicas. Y esto es algo muy grave, porque se ha robado el dinero de los españoles. Y frente a la prevaricación, fraude, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda pública ni siquiera se aplica la fianza y la retirada del pasaporte al que fuera duque de Palma.

En cambio, por ejemplo, en el año 2007 condenaron a un año de cárcel a una persona de Lugo que robó un jamón y un cartón de vino en Galicia. Se ve la desproporción discriminatoria, sin necesidad de numerosas argumentaciones y razonamientos. Y se podrían poner otros muchos casos parecidos.

A la espera del recurso presentado al Tribunal Supremo por el equipo de abogados de Urdangarin parece que su condena ha causado asombro, estupor e indignación en buena parte de la ciudadanía española. A cualquier ciudadano le hubiera caído una pena mucho mayor por unos delitos similares. La condena tenía que haber sido ejemplar y no lo ha sido. Al menos, con una sanción económica mucho mayor y una fianza mucho más elevada.

En el caso Gürtel el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideró en su sentencia el elevado riesgo de fuga y los cabecillas de la trama corrupta fueron enviados a la cárcel sin esperar al Supremo. Parece que, aunque las circunstancias no sean las mismas, los criterios son diferentes y la interpretación jurídica también.

En relación con Urdangarin frente a los 19 años de cárcel las juezas han considerado por consenso que lo más justo era una condena de 6 años y tres meses de privación de libertad. Valorando el sumario de 70.000 folios y las pruebas analizadas.

La alarma social producida por la baja condena y por la falta de fianza y otras medidas se ha expresado en comentarios en los periódicos, también en artículos, columnas de opinión, en cadenas de televisión, en la radio. Perjudica a la credibilidad de la Justicia y también al Estado, en mi opinión. El video de Miguel Ángel Revilla, actual presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, también es clarificador.

Se puede mirar para otro lado y buscar excusas y medias verdades, pero no es lo más coherente y juicioso. Por supuesto, es una cuestión opinable, pero la mayor parte de los ciudadanos creo que pueden estar de acuerdo con lo que acabo de escribir.

Desde México y otros países pueden ver que partiendo de un enorme respeto a la labor de la Justicia también es posible y adecuado elaborar reflexiones que pongan por escrito aspectos que deben quedar claros para que la imparcialidad y la igualdad sigan siendo los fundamentos de las decisiones de los tribunales. Ya se sabe que la interpretación de las leyes corresponde a los jueces y no niego que su trabajo es decisivo para la sociedad y la ciudadanía. Pero me ha parecido conveniente expresar algunas reflexiones sobre uno de los condenados en el caso Nóos.