BOSTON - La culpa es de Edward R. Murrow. El último parte del legendario locutor, "Cosecha de vergüenza" en 1960, creó el molde del periodismo de investigación para los cineastas de hoy. También ayudó a crear el actual dilema de la inmigración ilegal.

Murrow tenía buenas intenciones. Se especializó en catalogar la estafa salarial, las escandalosas condiciones de trabajo y los demás horrores sufridos por los temporeros de Florida. El documental provocó una protesta pública y una batalla en el Congreso a cuenta de la podredumbre moral del sector nacional de la fruta y la verdura. En 1964, liderado por el Senador Edward M. Kennedy y una alianza de iglesias y sindicatos, el Congreso cerró el programa del trabajador itinerante, llamados braceros.

Pero al hacerlo, también eliminó el sustento de millones de mexicanos pobres que, al entrar y salir por la frontera, salían de la pobreza ellos y sacaban a su país. Ellos y sus patronos estadounidenses, jefes decentes muchos de ellos con necesidad genuina de mano de obra, volvieron a la ilegalidad.

Me acuerdo de Murrow mientras trabajo en un proyecto documental sobre los trabajadores invitados con Anne Morriss, del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Algunos pequeños programas para trabajadores del campo no cualificados demás mano de obra ha sido reimplantado, pero no son lo bastante grandes ni de lejos como para satisfacer la demanda del sector y tratar de detener el tráfico ilegal.

Sin embargo persiste la misma oposición moral miope, complicada ahora por la reacción populista contraria a la inmigración en general. Los dos campos son opuestos ideológicamente pero unidos en su desconfianza en la capacidad del gobierno de proteger a los trabajadores itinerantes o de controlar su número.

Algunos supuestos abusos que fueron noticia parecen reivindicar a los moralistas. Uno de los más atroces involucra a 500 trabajadores metalúrgicos traídos de la India en 2006 para trabajar en plataformas petroleras de la costa de Mississippi averiadas tras el paso del huracán Katrina. Cientos de personas se han adherido a una demanda contra el propietario de la prospección, Signal International, diciendo que los intermediarios que actúan de reclutadores de Signal les prometieron la residencia permanente. Muchos dijeron que vendieron sus casas o se endeudaron para pagar hasta 20.000 dólares a los reclutadores por tan preciada oportunidad.

Lo que obtuvieron a cambio fue un lugar de trabajo aislado que la Comisión estadounidense de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ha dicho que parece haber sido "trufado de humillación y acoso". El New York Times informaba en febrero que cuando la plantilla protestó, las autoridades de Inmigración y Aduanas aconsejaron a Signal cortar por lo sano y deportar a los cabecillas. La compañía lo intentó, pero quedó bloqueada físicamente por activistas de inmigración en una tensa espera.

Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional han abierto ahora un expediente a Signal. La compañía, por su parte, se declara inocente y ha presentado una demanda contra los reclutadores hindúes y estadounidenses.

Para algunos moralistas y militantes sindicales, el caso es solo la confirmación de que ser un trabajador temporal es una forma de servidumbre por contrato. Esto es debido a los derechos limitados de los trabajadores, la dependencia del patrono y la vulnerabilidad ante la posibilidad de ser deportado.

No estoy de acuerdo. El problema no es el empleo, es el potencial de abusos al que se presta. Los abusos se pueden rectificar, y en gran parte lo han sido en los pequeños programas actuales y en otros países.

Las legislaciones de reforma integral de la inmigración que cobran forma en Cámara y Senado, y el inducido por el Presidente Barack Obama, siguen reduciendo el riesgo de abusos. Dan a los trabajadores itinerantes el derecho a cambiar de patrón y, en algunos casos, ganar su camino a la ciudadanía.

El realismo frío del país, por su parte, es que sin un gran programa de mano de obra no cualificada, la inmigración no autorizada repuntará a medida que la economía se recupere para cubrir la demanda de mano de obra y servicios. La implantación más cara que nunca está ayudando a reducir considerablemente el tráfico de ilegales, pero sólo los estados policiales tienen en su mano eliminarla totalmente. Yo no creo que queramos llegar a eso.

Sin embargo, los moralistas y los populistas unieron fuerzas en 2007 para ayudar a tumbar el proyecto de reforma integral del Presidente George W. Bush, que incluía un modesto programa de trabajadores temporales. Ahora están calentando para ir a por la legislación de Obama.

Hay motivos de esperanza en que las propuestas emergentes pueden ser promulgadas. La dirección de la federación de sindicatos industriales AFL-CIO, en un giro histórico, ha ignorado a sus miembros más estridentes para unirse a la alianza pro-inmigrantes Change to Win, compuesta en su mayor parte de empleados de servicios, para apoyar un programa de trabajadores temporales. No está claro, sin embargo, que los líderes sindicales y la Cámara de Comercio estadounidense, viejos defensores del programa de temporalidad, tengan lo bastante de estadista para superar la desconfianza mutua en el establecimiento de cifras reales.

Mientras tanto, la inquietud moral más básica de lo temporeros y de sus países de origen - salir de la pobreza - languidece en medio de ninguna parte. En palabras de Morriss, la pobreza es su crimen contra la humanidad en toda regla.