La actual Constitución vino de un acuerdo profundo y serio entre el tardofranquismo -esencialmente buena parte de UCD- las fuerzas de izquierdas, PSOE y PCE, y las corrientes nacionalistas del País Vasco y Cataluña; con anterioridad a ello, en las elecciones celebradas el día 15 de junio de 1977 el pueblo español, en libertad, apostó mayoritariamente por esos partidos políticos a excepción de los que lo hicieron por la Alianza Popular de Manuel Fraga que obtuvo una leve representación parlamentaria, al tiempo que otros partidos de extrema derecha e izquierda quedaron en la cuneta de la política; en la actualidad, nuevos partidos bajo el denominador común de “Podemos”, han emergido a la izquierda del PSOE al tiempo que determinados nacionalismos, esencialmente el catalán, han radicalizado sus posturas hacia cotas independentistas.
Quizás por eso, no sé, los constituyentes de 1978, sabedores de los ancestrales “fantasmas” del pasado, acordaron, y el pueblo refrendó, los famosos términos de “nacionalidades y regiones” para salvaguardar el nuevo sistema político de “monarquía parlamentaria” basado en un difícil equilibrio de “comunidades autónomas” que, en múltiples ocasiones, rompen la igualdad que debe existir entre todos los miembros de una misma nación, caso por ejemplo del último informe Pisa y ello sin hablar de los principios sociales de igualdad y justicia que debe amparar a toda la ciudadanía.
Si cuando se habla insistentemente de reformar la Constitución algunos pretenden que el actual sistema de Monarquía Parlamentaria derive hacia el advenimiento de la III República estarían dando palos al agua, y si otros apuestan por la creación de una República Catalana independiente dentro del Reino de España es que ganas tienen algunos, aunque sean numerosos, de armar la “marimorena”, y para tal fin ya tenemos en nuestro inmediato pasado lecciones que debimos haber aprendido.
La Constitución del 78 es una “Ley de leyes”, leyes algunas de ellas que todavía no se han promulgado; la Constitución es la Ley en “tensión”, en el sentido que hay que tender a que la misma se cumpla; y por último, la Constitución es el terreno de juego donde podemos “jugar” a ser libres dentro un terreno acotado por la legalidad, querer salir fuera de las líneas marcadas es entrar en el campo de lo ilegal.
¿Reformarla?: sí, pero digamos con claridad qué.