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Foto de Andrea Piacquadio en Pexels
Uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras autónomas en España (el 27%) que paga alquiler de su local afirma que este coste supone un auténtico lastre para el desarrollo de su actividad económica. Así lo revela la segunda ola de encuestas del Observatorio del Trabajo Autónomo impulsado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), centrado en analizar el impacto del mercado inmobiliario en la sostenibilidad del trabajo por cuenta propia. Este dato refleja una realidad estructural, no se trata simplemente de un gasto más en la contabilidad mensual, sino de un factor limitante que impide a muchas y muchos crecer, invertir o incluso mantenerse abiertos. El alquiler actúa como una piedra en el camino del emprendimiento, afectando de manera especial a las y los autónomos con comercios de proximidad, hostelería, talleres y oficios tradicionales, muchas y muchos de ellos asentados en barrios que sufren una presión inmobiliaria insostenible.
María José Landaburu, secretaria general de UATAE, denuncia que, “el 27% del colectivo nos dice claramente que el alquiler les frena, les impide contratar, modernizarse o simplemente continuar, lo que era una herramienta para emprender se ha convertido en una carga estructural que paraliza la economía real”. Ante este escenario, UATAE reclama una regulación específica para los precios de alquiler comercial en zonas tensionadas. El fomento del acceso a locales públicos infrautilizados para uso económico y ayudas directas para el pago de alquiler a pequeños comercios.
El análisis pone sobre la mesa la verdad incómoda de que el modelo económico actual beneficia la rentabilidad pasiva de la propiedad frente a la creación de valor desde el trabajo. En muchas ciudades, barrios enteros están viendo cómo cierran comercios y bares históricos y de referencia cultural por no poder asumir las subidas del alquiler, mientras, los locales vacíos se acumulan esperando rentas imposibles. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo se van apagando nuestros barrios. Exigimos responsabilidad y acciones a los gobiernos autonómicos como principales responsables de parar la especulación desenfrenada y salvaje”, concluye Landaburu.
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