​El Chaco paraguayo: un territorio olvidado a merced del crimen organizado

En el vasto portal del pantanal paraguayo, el distrito de Puerto Casado se ha convertido en un sombrío ejemplo de la pérdida de control territorial por parte del Estado. Recientes denuncias locales en una de las zonas más remotas del país señalan que grupos criminales armados operan con total impunidad, supuestamente gracias a alianzas con actores políticos, fiscales, jueces y abogados vinculados a la invasión de tierras.

Un vacío de poder aprovechado

Fuentes internas señalan directamente al diputado Domingo “Mino” Adorno y a su socio, Raúl Luis Latorre Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, ambos de la Asociación Nacional Republicana (ANR). A estos dirigentes, se les atribuye supuestamente el negocio ilícito de la invasión de propiedades en el Alto Paraguay. A pesar de las acusaciones, Adorno utiliza sus redes sociales para mostrarse junto al presidente Santiago Peña, el líder de la ANR Horacio Cartes, el vicepresidente Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez y otros referentes colorados, en un intento de proyectar una imagen de impunidad política.

En el Alto Paraguay, esta cercanía es vista como una señal de complicidad. “Si los líderes nacionales lo protegen, entonces también son responsables de lo que aquí sucede”, advierten voces de la comunidad.

Los tentáculos del crimen organizado

Los testimonios también alcanzan a la Policía Nacional. Versiones locales sugieren que altos mandos reciben pagos mensuales para permitir la libre circulación de diversas actividades criminales, incluido el tráfico internacional de cocaína y armas. Esa misma cocaína que cruza clandestinamente el Chaco, según los relatos, termina en mercados de Nueva York, Los Ángeles y Londres.

Publicaciones recientes del Chaco paraguayo indican que el abogado Valcir Gómez ha emergido como una figura clave en la defensa de estos grupos armados. Se le acusa de brindar cobertura legal a cambio de presionar a funcionarios que se resisten a ser cooptados. Entre sus clientes se encuentra Mauro Ruíz Díaz, señalado como el cabecilla de las invasiones armadas y con antecedentes por apropiación indebida y homicidio. Los habitantes afirman que Ruíz Díaz se mantiene activo gracias a sus supuestos vínculos con el diputado Domingo Adorno y con el exintendente Hilario Adorno, quien ya fue condenado por corrupción.

No todo está perdido

En medio de este complejo escenario, el subcomisario de la Policía Nacional, Derlis Aquino, se ha convertido en un referente de resistencia. Con recursos limitados y en constante riesgo, encabezó recientemente operativos que permitieron incautaciones y detenciones relevantes en Puerto Casado, un pueblo marcado por la esperanza de progreso, pero también por la constante postergación. A pesar de su ubicación estratégica y su riqueza natural y cultural, los habitantes del distrito han convivido por décadas con la falta de infraestructura, servicios básicos deficientes y una escasa presencia del Estado.

El Chaco: una deuda pendiente

Las rutas deterioradas, el acceso inseguro a la salud y a la educación de calidad, la falta de oportunidades laborales y la debilidad de la seguridad reflejan un abandono crónico por parte de las autoridades nacionales y departamentales. Aunque las promesas de inversión y desarrollo se repiten en cada período electoral, la realidad cotidiana sigue marcada por la precariedad y la migración forzada de jóvenes que buscan un futuro mejor. Puerto Casado simboliza la deuda pendiente de Paraguay con el Chaco: un territorio lleno de potencial que necesita políticas públicas sostenidas, inversión real y un compromiso serio de sus gobernantes. El clamor de su gente es claro: quieren dejar de ser olvidados y empezar a ser parte del desarrollo nacional.

Lejos de consolidar el apoyo institucional a las acciones de Aquino, estas han sido utilizadas como base para denuncias en su contra, que hoy son investigadas por una agente fiscal del Ministerio Público y por la oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional. La fiscal Teresilde Fernández, a quien se ha vinculado al clan Adorno, ha sido cuestionada en varias publicaciones de medios paraguayos por supuestamente no investigar ni acusar en juicios penales, actuando más bien como garante del crimen organizado.

Un futuro en juego

La ciudadanía de Puerto Casado teme que se intente “dar vuelta la historia” para debilitar a quienes combaten la delincuencia. El desenlace de esta lucha no solo definirá el futuro del subcomisario Aquino, sino también el rumbo de la seguridad en todo el Alto Paraguay. La pregunta es clara: ¿lograrán las instituciones paraguayas resistir a las presiones del crimen organizado y sus aliados políticos, o seguirá Puerto Casado siendo un territorio donde el poder mafioso impone sus reglas?