Refugiados de Afganistán: herramienta de securitización y juego geopolítico de los vecinos

La securitización en las acciones de los estados vecinos con centros propensos a crisis, o aquellos con agendas de seguridad ambiciosas que buscan implementar medidas especiales, es un fenómeno común. Estos gobiernos, considerando sus prioridades de seguridad—definidas en el marco del realismo político, ya sea defensivo u ofensivo—requieren justificación y la creación de las condiciones necesarias para tales acciones.

La reciente decisión de los vecinos de Afganistán, como Irán, Pakistán y Tayikistán, de deportar rápida y sin vacilación a los refugiados afganos—quienes han huido a estos países por temor a la tortura, el asesinato y las políticas discriminatorias de los talibanes—puede analizarse como una medida de securitización. Según la teoría de la Escuela de Copenhague, los estados transforman un tema en una amenaza existencial, trasladándose del ámbito ordinario de la política al dominio de la seguridad. Al hacerlo, buscan justificar sus acciones de seguridad en línea con sus intereses vitales y presentar estas acciones como legítimas ante sus sociedades, vecinos y la comunidad internacional.

En esencia, la teoría de la securitización requiere tres componentes principales:

1. Una declaración de securitización, emitida por el gobierno o una autoridad de seguridad, es el primer paso para sentar las bases del proceso de securitización.

2. El actor securitizador, que suele ser el Estado.

3. El objeto referente, que se refiere a la amenaza principal.

4. La necesidad de una acción urgente como reacción ante amenazas potenciales de seguridad.

Además, la audiencia (el pueblo), la aceptación pública y la existencia de la amenaza (en este caso, la presencia de refugiados) también son elementos clave en este proceso. Los estados necesitan estos componentes de manera encadenada para justificar sus acciones, implementándolos uno tras otro.

En este contexto, los países vecinos de Afganistán presentan la presencia de refugiados como una amenaza para su seguridad nacional y, recurriendo a medidas de securitización, crean las condiciones necesarias para tomar acciones extraordinarias en pos de sus objetivos. La securitización permite a los estados justificar medidas excepcionales (como la deportación inmediata sin el debido proceso legal), que serían inaceptables en circunstancias normales. En tales situaciones, los estados, con poderes extraordinarios y un marco mental preparado, pueden utilizar estas acciones para asegurar sus intereses vitales.

En este proceso, no solo los estados, sino también otras autoridades securitizadoras y élites políticas y de seguridad, utilizando discursos específicos, preparan a la opinión pública para aceptar estas acciones y crean el ambiente psicológico necesario para obtener la aprobación pública. Dado que estas acciones se entienden en el marco del realismo político y la priorización de la seguridad estatal, cualquier medida de seguridad—aunque viole los derechos humanos—es rápidamente aceptada por la sociedad. Por ello, la securitización, como una acción urgente y justificable, allana el camino para ignorar las obligaciones de derechos humanos e internacionales de los países hacia los refugiados.

Esto plantea la pregunta: ¿Por qué países como Tayikistán, Irán y Pakistán, a pesar de ser conscientes de los peligros de la deportación masiva de refugiados y sus consecuencias para la inestabilidad en Afganistán y la región, siguen adelante con estas acciones simultáneas? Todos estos países saben que la deportación masiva de refugiados puede conducir a nuevas crisis humanitarias y de seguridad que tendrán efectos más allá de las fronteras de Afganistán.

La respuesta inmediata es que estos países, a pesar de ser conscientes de las consecuencias negativas, actúan priorizando la seguridad interna, las presiones internas, los intereses a corto plazo, la debilidad de las instituciones civiles y los cálculos políticos y de seguridad. Este comportamiento es un claro ejemplo del dominio de la lógica de la securitización y el realismo político sobre las consideraciones humanitarias y regionales. Aunque estos cálculos de seguridad pueden proporcionar una solución inmediata a la crisis actual, estratégica y regionalmente, estas acciones tendrán efectos destructivos.

La desconfianza crónica, el uso de herramientas proxy para avanzar en las agendas de seguridad, los esfuerzos para sofocar las protestas internas y desviar la atención pública, la creación de condiciones para futuros programas de seguridad, el enfoque en la industria de defensa y los enormes costos para mantener regímenes autoritarios son algunos de los objetivos de estos países al adoptar este enfoque. Además, los tres países están seriamente preocupados por la intensificación de las actividades terroristas en el Afganistán controlado por los talibanes y, para abordar estas preocupaciones, toman medidas de seguridad preventivas y utilizan a los refugiados como herramienta de presión política y de seguridad contra los talibanes o incluso contra potencias extrarregionales.

En realidad, los tres vecinos de Afganistán utilizan la carta de los refugiados afganos como herramienta de seguridad para no convertirse en víctimas en los juegos geopolíticos regionales en curso. La deportación simultánea de refugiados puede poner en duda la legitimidad del régimen talibán y tensar sus relaciones con las instituciones internacionales. A medida que estas relaciones se deterioran, los talibanes dependen cada vez más de sus vecinos y se ven obligados a responder a sus preocupaciones de seguridad.

En resumen, los estados vecinos de Afganistán, mediante una acción coordinada, buscan lograr objetivos de seguridad, políticos, económicos y geopolíticos basados en sus intereses vitales, que pueden satisfacer sus necesidades inmediatas en el actual entorno tenso. Lamentablemente, los refugiados afganos se han convertido hoy en un sujeto de seguridad y en objeto de securitización por parte de los países vecinos.