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Los grupos de presión, que responden a intereses de sus clientes, saben a qué diputado de qué comisión legislativa tienen que influir, saben en qué paso de tramitación de una ley hay más posibilidad de que se tengan en cuenta sus exigencias, cómo presentarlas, cómo presionar. No defiendo la apropiación ciudadana de la figura de los grupos de presión como un mecanismo de participación, en tanto que es una vía para incidir ilegítimamente en las políticas públicas. Los grupos de presión “profesionales” defienden los intereses de grandes corporaciones y multinacionales, ya que cuentan con más recursos económicos y saben influir de forma más efectiva. En cambio, muchas plataformas sociales cuentan con menos recursos, por lo que “no hay igualdad de condiciones”, y es aquí donde la transparencia puede jugar un papel primordial. Concluyendo: una buena política pública sería regular la actividad de los grupos de presión.
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