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En España es un oxímoron hablar de Justicia, así, con mayúscula. La tan alabada Transición se dedicó a hacer borrón y cuenta nueva con las instituciones que habían servido para sostener la dictadura desde abril del 39. El Ejército todavía tenía al frente mandos procedentes de la rebelión contra la República, aún inspiraban miedo y, una vez muerto Franco, jueces, militares y policías siguieron en sus puestos como durante los años del franquismo, algunas instituciones fueron maquilladas con un simple cambio de nombre, como el Tribunal de Orden Público que, de la noche a la mañana pasó a denominarse Audiencia Nacional, en las Salas de Bandera de los cuarteles durante un tiempo se seguía rindiendo honores a Franco, y en las comisarías de policía continuaban conocidos torturadores de la Brigada Político Social como Conesa y Billy el Niño a los que incluso se condecoró, fueron los antecedentes del comisario Villarejo y la “brigada patriótica’ de Fernández Díaz y Rajoy. Aquí muerto el perro no se acabó la rabia, y, cincuenta años después podemos encontrar añorantes y seguidores del franquismo en las instituciones incrustados en las filas del Partido Popular y VOX.
Casi después de 50 años, en la cúpula judicial y algunos juzgados todo sigue igual, especialmente si acusados o acusadores son miembros de la derecha. Pero qué podemos esperar de un país donde, digan lo que digan, la Justicia no es igual para todos, un país donde el Jefe del Estado lo es por herencia, lo mismo que, por herencia de un dictador lo fue su padre, el anterior Jefe de Estado, todos inviolables según el artículo 56 de la Constitución. Del rey abajo todavía hay más casos en los que se rompe el mito de la igualdad de la justicia con el excesivo número de aforados que existen en España, sin olvidar el quevedesco ‘poderoso caballero es don Dinero” y que, como decimos por Valencià “amb diners torrons”, con una buena cuenta corriente se puede contratar un buen equipo de abogados, y ya es sabido que el dinero abre muchas puertas.
Esta semana un jurado popular ha considerado inocente del delito de cohecho a Carlos Fabra, político castellonense del PP al que a menudo, extrañamente, le tocaba la lotería. Los hechos son los siguientes: entre los años 2009 y 2014 la empresa Aerocat gestora del aeropuerto de Castelló y presidida por Carlos Fabra, “el aeropuerto del abuelito” le decía Fabra a su nieto, dio a la empresa del motorista Álex Debón subvenciones por valor de 36 millones de euros, posteriormente el motorista envió a Fabra una transferencia por valor de 360.000 euros, transferencia que tenía todo el aspecto de ser la “mordida” correspondiente como agradecimiento por las subvenciones concedidas. Pero cuando la fiscalía reclama más de tres años de prisión para cada uno de ellos por cohecho resulta que la varita mágica de la defensa convierte la delictiva mordida en un simple préstamo entre amigos. Entre buenos amigos porque a pesar del tiempo transcurrido Carlos Fabra, que durante el juicio confesó “ser pobre de solemnidad”, no ha devuelto a su amigo Alex ni un euro de los 360,000 prestados y éste es tan rumboso y buen colega que nunca se lo ha reclamado a pesar de los años transcurridos.
Y toda esta historia de subvenciones, “mordidas’ con sabor a mafia y préstamos entre amiguitos del alma bien aderezada con la oratoria de un letrado conocedor del tema ante un jurado popular de ciudadanos de Castelló en el que, seguramente, más de uno era admirador de Carlos Fabra y sus hazañas durante los años en que presidió la Diputación de Castelló, consiguió la absolución de los acusados y con ello que ni Fabra volviera a degustar el rancho carcelero ni la Generalitat valenciana recuperara los 36 millones de subvenciones que fueron a parar a la cuenta corriente del piloto de motos Álex Debón. No es conveniente que los jurados populares juzguen a los políticos, siempre nos quedará la duda, tanto si absuelven como si condenan, sobre su objetividad.
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