Expertos de la ONU critican la detención de opositores en Venezuela

El abogado Eduardo Torres, de la organización de derechos humanos Provea, ha sido la más reciente víctima de prisión con desaparición forzosa según denunció la entidad venezolana. Una misión de las Naciones Unidas denuncia que en Venezuela se mantiene un plan coordinado para silenciar, desalentar y reprimir a las voces críticas ante el poder. Imagen: Provea

GINEBRA – El Gobierno de Venezuela debe cesar de inmediato la detención de sus opositores o de quienes se perciben como tales en condiciones de aislamiento e incomunicación, según ha declarado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, en materia de derechos humanos, sobre ese país.

“La detención de opositores en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica ilegal y perversa que puede constituir un crimen internacional”, afirmó la jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la misión, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza.

La misión, establecida en 2019 y con mandatos renovados anualmente, expresó su profunda preocupación por una práctica que “a menudo equivale a desapariciones forzadas”, y por la falta generalizada de protección judicial efectiva.

Las detenciones selectivas “son parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a las figuras de la oposición o percibidas como tales, incluidos defensores de los derechos humanos, e infundir miedo en la población”, según la misión.

El más reciente caso es el del abogado Eduardo Torres, de la organización de derechos humanos Provea, detenido en plena vía el 9 de mayo por un comando sin identificación, y solo el día 13 la Fiscalía General dio cuenta de su detención.

“Estos actos se están cometiendo como parte del crimen de lesa humanidad de persecución política, y forman parte de una serie de acciones llevadas a cabo bajo un plan coordinado para silenciar, desalentar y reprimir a la oposición”: Francisco Cox.

El fiscal general, Tarek Saab, dijo que Torres fue detenido y se le juzgará porque “a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, alimentaba focos de violencia y preparaba acciones de sabotaje” de la elección parlamentaria convocada para el 25 de mayo.

Añadió que a Torres se le garantiza su derecho a la defensa y “se le decretó medida privativa de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación” para delinquir.

La organización Provea destacó que el fiscal reconoció la detención “tras más de 96 horas de silencio, no dio información sobre la fecha, hora, lugar y cuerpo de seguridad que ejecutó la detención” de Torres, ni sobre el lugar de detención, y considera que su abogado “se encuentra en situación de desaparición forzada”.

Según la misión de la ONU, las fuerzas de seguridad del Estado, “en connivencia con el Ministerio Público, son responsables de esta práctica, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (policía política), la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar”.

Además, “los tribunales penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son cómplices al garantizar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones de derechos humanos”, asienta la declaración de la misión.

“En el marco de esta práctica políticamente orquestada y dirigida desde las más altas esferas de autoridad, la falta de mecanismos efectivos de protección legal es alarmante y refleja la ausencia de un verdadero Estado de derecho”, señaló.

Esa falta de protección “se ejemplifica en la ineficacia del mecanismo de hábeas corpus, una salvaguardia fundamental contra la detención arbitraria, la desaparición forzada y el riesgo de tortura”, indica la misión.

“La indiferencia, resistencia o negativa del sistema judicial a recibir y tramitar recursos de habeas corpus constituye un grave incumplimiento del deber de sus funcionarios y un acto de complicidad”, declaró la argentina Patricia Tappatá, experta en derechos humanos que integra la misión.

En los últimos meses, la misión investigó y encontró “motivos razonables para creer que, en al menos 20 casos, las solicitudes de hábeas corpus fueron rechazadas, no admitidas o no respondidas”, de acuerdo con el texto del grupo.

La misión “recuerda que el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas jurídicas internacionales fundamentales, la tortura y la desaparición forzada se consideran crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Para el penalista chileno Francisco Cox, también integrante de la misión, “estos actos se están cometiendo como parte del crimen de lesa humanidad de persecución política, y forman parte de una serie de acciones llevadas a cabo bajo un plan coordinado para silenciar, desalentar y reprimir a la oposición”.

De acuerdo con la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, al 12 de mayo había en el país 895 presos políticos -incluidos excandidatos presidenciales, exparlamentarios, defensores de derechos y periodistas-, de los cuales 169 eran militares, 87 mujeres y cinco adolescentes.

La misión instó al Consejo de Derechos Humanos, y a sus 47 Estados miembros, a mantener su observación y supervisión “ante la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela”.

A-E/HM - Fuente IPS