Del 12 al 18 de mayo de 2025, se está celebrando la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU. Este año, el foco está en proteger a peatones y ciclistas, quienes representan más del 26% de las muertes en carretera a nivel global. En un contexto donde el 70% de la población española reside en zonas urbanas, la apuesta por infraestructuras seguras no es solo una prioridad vial, sino un pilar para la salud pública y la lucha climática.

La realidad de la siniestralidad en España España ha avanzado en seguridad vial, pero persisten retos críticos. Los usuarios vulnerables —peatones, ciclistas y motociclistas— siguen siendo los más expuestos. Por ejemplo, en áreas urbanas, 1 de cada 4 muertes viales involucra a peatones, un dato alineado con la tendencia mundial.
El Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021-2030, respaldado por la OMS, busca reducir las muertes en un 50% para 2030. Para lograrlo, se propone priorizar medidas como la ampliación de carriles bici protegidos y la implantación de zonas 30 km/h, ya adoptadas en ciudades como Madrid y Barcelona, donde se ha reducido un 20-27% los atropellos graves.
Aceras y carriles bici: más que infraestructura, justicia social Las aceras amplias y los carriles bici segregados son esenciales para proteger a los usuarios activos. En ciudades como Valencia y Sevilla, la expansión de áreas peatonales en un 25% desde 2020 ha disminuido los atropellos en un 18%.
Estos proyectos no solo evitan muertes: democratizan el espacio público. Un estudio de la OMS revela que el 60% de las mujeres y el 78% de los mayores de 65 años evitan caminar de noche por falta de iluminación o aceras inseguras. Invertir en infraestructura inclusiva es, por tanto, un acto de equidad.
Salud pública y medio ambiente: beneficios transversales La movilidad activa combate dos crisis: la climática y la sanitaria. La inactividad física cuesta a España 2.500 millones de euros anuales en gastos sanitarios, según la OMS. Fomentar caminar o pedalear reduce enfermedades cardiovasculares, responsables del 20% de las muertes prematuras en Europa.
Además, el transporte genera el 29% de las emisiones de CO₂ en España. Ciudades como Barcelona, con zonas de bajas emisiones, han logrado reducir la contaminación en un 15% desde 2023. Cada kilómetro en bicicleta evita 150 gramos de CO₂, y con 5 millones de desplazamientos diarios en bici previstos para este 2025, España evitaría emitir 270 toneladas diarias de este gas.
Tecnología y educación La seguridad vial no depende solo del asfalto. Los sistemas de vigilancia inteligente, como radares en pasos peatonales, han reducido las infracciones en zonas escolares en un 22% desde 2023. La reforma del Reglamento de Circulación de 2024, que impone 30 km/h en vías urbanas, ya ha disminuido los fallecidos por atropello en un 27%.
La educación también es clave: el 90% de los colegios españoles incluyen talleres de movilidad segura, según la DGT. Programas como «Voces por la Seguridad Vial» empoderan a niños como agentes de cambio en hábitos viales.
El coste de la inacción Los accidentes viales cuestan a España 9.000 millones de euros anuales (0,7% del PIB), según la Comisión Europea. Invertir en infraestructuras seguras no es un gasto, sino una ganancia: cada euro en carriles bici genera 5 euros en beneficios por menor siniestralidad y productividad.
Además, las calles peatonales revitalizan el comercio: en áreas con tráfico calmado, las ventas minoristas aumentan un 12%. Un ejemplo es el centro de Madrid, donde la peatonalización ha dinamizado la economía local.
Hacia un modelo de ciudad resiliente La Semana Mundial de la Seguridad Vial 2025 nos recuerda que las calles seguras son un derecho, no un privilegio. España avanza, pero requiere más ambición: redes ciclistas interconectadas, aceras universales y tecnología al servicio de la vida. Los logros conseguidos son fruto de políticas audaces que priorizan a las personas sobre los coches. El reto ahora es consolidar este modelo, porque cada paso seguro acerca a una sociedad más justa y sostenible.
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