Un país a oscuras y una evidencia luminosa

El lunes 28 de abril de 2025 pasará a la historia como, el día en que toda la península Ibérica se quedó sin luz y parte del sur de Francia. A las 12.33 del medio día, sin previo aviso, la red eléctrica que abastece a más de 60 millones de personas en España, Portugal y Andorra colapsó de forma repentina. Fue un apagón generalizado que duró horas, afectó a infraestructuras críticas y paralizó todo. Pero más allá de la anécdota energética, el suceso dejó al descubierto algo más grave, la fragilidad estructural de un país que no invierte en lo que más necesita.

Todo comenzó con una desconexión súbita de la red ibérica respecto a la red europea. Se perdieron 15 gigavatios de potencia, el 60% de la demanda eléctrica en ese momento, en cuestión de segundos. La causa, según fuentes técnicas, fue un desequilibrio entre la oferta y la demanda que desató una reacción en cadena en todo el sistema interconectado.

A medida que las centrales eléctricas iban cayendo de modo inexorable, ciudades enteras se apagaron, unas detrás de otras. Los hospitales funcionando con generadores, trenes detenidos, torres de control aéreo sin comunicaciones, servicios de emergencia colapsados y millones de personas sin acceso a internet, cajeros, o agua caliente.

Aunque se barajó inicialmente la posibilidad de un ciberataque, todo apunta a un fallo humano o técnico en la gestión de interconexiones con Francia. Y ahí está el núcleo del problema.

España y Portugal comparten un serio problema estructural, están prácticamente aislados del resto de Europa en materia energética. Apenas un 3% de interconexión real, cuando la Comisión Europea recomienda un mínimo del 10%. Esto significa que, en momentos críticos, la península no puede importar ni exportar suficiente electricidad como para estabilizar su sistema. Durante años se ha hablado de reforzar las conexiones eléctricas a través de los Pirineos, pero las infraestructuras nunca se han terminado. Este aislamiento ha convertido a la península en una “isla energética”, y el apagón del 28 de abril ha demostrado que, esa condición no es una metáfora, sino un riesgo real. Han muerto seis personas.

En medio del caos, muchos ciudadanos se preguntaron por qué España, una economía avanzada, ha sido tan vulnerable. La respuesta está en las prioridades de inversión. En los próximos años, el Gobierno español tiene previsto gastar más de 10.000 millones de euros en armamento, mientras la red eléctrica languidece con infraestructuras anticuadas y sin potencia suficiente.

No hay ningún enemigo a las puertas, no hay una amenaza militar inmediata, pero si hay un enemigo silencioso y cotidiano, la precariedad de servicios esenciales.

El colapso eléctrico fue una llamada de atención, podría haberlo sido una saturación hospitalaria, un colapso del sistema sanitario, o una catástrofe natural mal gestionada.

El apagón duró más de seis horas en algunas zonas. La normalidad no volvió completamente hasta la mañana del martes 29. Durante ese tiempo, el país entero comprobó que las prioridades deben repensarse. Porque no hay defensa más urgente que una sanidad pública fuerte. Ni seguridad más real que una red eléctrica moderna, interconectada y resiliente. Tampoco hay escudo más eficaz que unos servicios públicos capaces de sostener a una sociedad entera cuando las cosas se complican.

No se trata de elegir entre seguridad o progreso. Se trata de entender que, en 2025, invertir en redes eléctricas, en salud, en inversión y en energías renovables es también una forma de defensa nacional. Una defensa mucho más útil, inmediata y realista que blindarse con cazas de combate ante amenazas que no existen aún. Si el apagón sirve para que esa luz se encienda en quienes toman decisiones, tal vez no haya sido del todo en vano.