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Dentro del conjunto de casos judicializados que afectan a Pedro Sánchez, éste, el del Fiscal General del Estado, tiene una especial relevancia. Lo que está en juego aquí es la implicación del Fiscal en una operación para deslegitimar a un rival político, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y todo esto mediante la revelación de datos de un ciudadano particular para intentar contrarrestar también lo referido a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
El caso de Álvaro García Ortiz está produciendo un daño reputacional sin precedentes en una de las instituciones principales del Estado.
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