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La inquietud que puede generar que el Gobierno emprenda por su cuenta una reforma electoral de calado, aumenta ante propuestas tan exóticas y temerarias como la promovida por SUMAR, que plantea reducir la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años y a la vista del precedente del CIS, o de cómo se han politizado instituciones que van desde el Tribunal Constitucional hasta RTVE, resulta casi provocador que el Ejecutivo se arrogue la responsabilidad de promover un Plan de Acción por la Democracia.
Nuestra democracia debe seguir perfeccionando su ley electoral. Pero todo cambio que afecte a las reglas del juego debe abordarse con extrema cautela y un consenso reforzado. Dada la fragilidad del Gobierno, la naturaleza de sus apoyos parlamentarios y la trayectoria de Sánchez en lo que respecta a la injerencia institucional, y a ciertas implicaciones directas e indirectas, no parece que se den las condiciones idóneas para reformar la ley electoral.
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