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No son pocas las consecuencias políticas del borrado penal que el Tribunal Constitucional ha dictado en el mayor caso de corrupción de la España democrática, el de los ERE de Andalucía, en el que se defraudaron 680 millones de euros a través de una red clientelar. Según las recientes intervenciones de los líderes socialistas andaluces, con no poco atrevimiento y demagogia, no habría existido un caso de corrupción masivo, y el resultado de las elecciones andaluzas que llevaron al poder a Juan Manuel Moreno sería ilegítimo, dado que el PP hizo la campaña utilizando como bandera ese caso de corrupción socialista. Con estas declaraciones, y las decisiones recientes de un Tribunal Constitucional bajo sospecha, el PSOE se está indultando a sí mismo y está indultando una época de clientelismo, arbitrariedad y corrupción sistémica.
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