​Ley de Recuerdo Democrático

Hace tiempo ya que no se oye hablar apenas de la “Ley de Memoria Democrática”, excepción hecha de las escandaleras ocasionalmente recurrentes de sus valedores a propósito de algún cambio de nombre de calle o de algún intento de acoso “ecodemocrático” sostenible con perspectiva de género a algún concejal o grupo político municipal —que, en su candidez, pretenden aducir argumentos racionales (por lo general, curiosamente, históricos) para intentar resistirse al sectarismo progre (autoritarismo tuneado)—, que tan de moda están por estos lares; pero, eso sí, en pro de la libertad, más precisamente de la de recrear una historia ad hoc que sirva para denigrar y afrentar al contrario con el fin de anularlo política y civilmente por una hipotética herencia ominosa, que, automáticamente, lo convierte en peligroso antidemócrata y debería obligarlo al silencio.

De una ley así denominada, cabría esperar un deseo de reconciliación y una función pedagógica para no repetir los errores autocráticos del pasado. Pero, no; porque esto de la citada ley no va, como podría pensarse (en términos de justicia nos la presentan quienes la auspiciaron), de reparación, de convencernos de algo justo, como sería deseable, ni siquiera injusto; no se trata de poner las cosas en su sitio, ni tampoco de mentir como finalidad para engañarnos con golosinas de libertad, ni de revanchismo, incluso, como podría parecer, al menos, como finalidad última, sino que su verdadero interés reside en construir, a través de las palabras, realidades presentes ficticias para interpretar el pasado —que son, por su propia naturaleza, cambiantes a beneficio de quien las inventa— y la excusa para señalar al disidente y hostigarlo.

Esta ley, como muchas otras en sus motivaciones y como los discursos presuntamente justificativos que, a modo de soflama, se expelen desde el poder en toda ocasión, son puro argumentario falaz para alimentar a un montón de mastuerzos, mastuerzas y “mastuerzes” irreductibles —porque han llegado a la conclusión ajena y sobrevenida, en su dogmatismo embrutecido, de que, como la verdad no puede estar, en ningún caso, del lado de los que piensan autónomamente (pues, de ser así, solo podría tratarse de “fascistas pata-negra” o, aún peor, de antiguos comilitones infectados, desleales despreciables), ha de encontrarse en la propaganda ideológica de los que mandan— que necesitan que alguien les dicte qué decir para enfrentarse a los que mantienen que la verdad ha de ser el principio que guíe las actuaciones que se aspiren a realizar.

Toda esta verborrea machacona omnipresente en la vida pública se constituye como una suerte de catecismo para el sostenimiento doctrinario de un ejército de choque, una verdadera guardia de corps, que permite ostentar el poder a aquellos que, sin razones, pero con discurso “posverídico” tienen como único propósito perpetuarse en el poder por medio del fomento de una disgregación social permanente, basada en la parcialidad, el desafuero y la afrenta, para poder acusar de la situación al enemigo con ánimo de destruirlo; porque, cuando se consuma una invasión, territorial o ideológica, cuando se promueve la guerra, no caben rivales ni contrarios (con estos se intenta acordar), sino objetivos eliminables.

Con todo, la Ley de Memoria Democrática (como muchas otras de la era “dime de qué presumes y te diré de qué careces”) tiene evidentemente una serie de funciones sociopolíticas innegables, a saber, la fabricación, la proyección y la preservación de una imagen libertaria en las actitudes de quienes la promocionaron respecto del pasado; en definitiva, las de proveer a estos de una pátina democrática imperecedera e intachable. No obstante, no parece que sea útil para evitar los “descuidos” democráticos actuales, porque, a la vista está, tanto atropello liberticida sostenido en estos tiempos recientes nos ha hecho olvidar a los ciudadanos qué es un régimen plenamente democrático.

Se empezó a olvidar cuando se repuso en el cargo de secretario general a una persona a quien se había expulsado previamente por meter papeletas a su favor en una urna escondida y por negociar por debajo de la mesa aquello que dijo que nunca haría o cuando se le permitió alardear de incorruptibilidad, provocando la caída de un Gobierno, con el caso de los ERE ya en plena efervescencia. La memoria siguió flaqueando cuando la necedad nacional permitió que, negándose a sí mismo, pactara con quienes le quitaban el sueño y con los que solo sueñan con robárnoslo, además de la igualdad, a todos los españoles.

La desmemoria se agudizó con la COVID, tras varios confinamientos ilegales, que fueron un excelente laboratorio para experimentar los efectos secundarios del abuso político extraparlamentario y del de las disposiciones transitorias ajenas a la ley en que se incluían. Y ya “normalizada”, tolerada (¡qué bueno es ser tolerante!), la desmemoria, evaluada la resiliencia al autoritarismo de la población, todo coser y cantar: se aceptó como democrático el nombramiento de amiguetes y allegados ineptos para dirigir empresas públicas, el de ministros como fiscales, el de coleguitas de fiscales exministros como sucesores, que, a su vez, reconvierten a estos en fiscal de sala de materias incompatibles con la actividad de su pareja o la designación de mequetrefes como ministros para transportarnos al futuro. Es más, se naturalizó como democrática la obstrucción a la justicia, impidiendo que un CGPJ en funciones, que no caducado, pudiera hacer nombramientos de jueces, provocando intencionadamente un colapso que incidiera en el sometimiento de los enemigos políticos (a quienes se culpa del bloqueo) y en el descrédito de la institución.

Asimismo, contribuye al olvido de la democracia el desahogo con que desde el Gobierno no se da cuenta de casi nada al Portal de Transparencia, la facilidad con la que se “cambia de opinión” en asuntos de Estado sin explicación alguna o la desenvoltura con la que se pacta con los que no han renegado de haber utilizado el asesinato y la extorsión como herramienta política y con golpistas irredentos que defienden sin reparo que lo democrático no es el respeto a la ley, sino la consumación a toda costa de lo que dicta la voluntad.

Y, aunque con dudas de género, pero sin género de duda, la democracia se corrompe y empieza a oler a cadáver cuando la igualdad entre hombres y mujeres es el argumento para justificar que una esposa pueda tener como profesión la de conseguidora de las dádivas del esposo, cuando un tribunal de ascendencia política, compuesto mayoritariamente por activistas de conocido y reconocible prestigio ideológico, se comporta como un ministerio reparador e “indultador” que impulsa con sus resoluciones una mutación constitucional que comienza por el cuestionamiento del principio consagrado en la Constitución de la separación de poderes, suplantando al Tribunal Supremo en sus funciones de máximo órgano jurisdiccional mediante la revocación de sus sentencias, no por atentar contra los derechos fundamentales consolidados en la carta magna, sino por inoportunidad política. Y, desde luego, la democracia es apenas una ensoñación cuando se presume del escrupuloso respeto a todas las resoluciones judiciales, si bien no a todos los jueces que las dictan, prevaricadores con anglicismo algunos de ellos cuando conviene, o cuando se pretende decidir desde el poder qué medios y qué informaciones son veraces y cuáles no.

En todo caso, aun fugaces, siempre hay rayos de esperanza, que, probablemente, llegarán de dos instituciones optimistas y sin mácula de parcialidad, el INE y, por descontado, el CIS, siempre entregados a alumbrar nuestro futuro. Pero, no obstante, para que la luz sea una constante, ¿no precisaremos de una “Ley de Recuerdo Democrático” antes de que sea tarde?