Apenas un suspiro por la leche derramada

Cuando uno se enfrenta con el dolor o con la tristeza acudiendo a una hoja en blanco, lo hace en busca de la oportunidad de exteriorizar esos sentimientos que, de alguna manera, le encogen el corazón, con la confianza de que, una vez participados, entregados a la luz, hagan menos daño y puedan, incluso, ser el principio de una esperanza regeneradora. Es algo así como plasmar un suspiro en un papel, socializar las pesadumbres con el anhelo de sanar involucrando a otros, a quienes se pide socorro, al tiempo que se les recuerda que nadie está libre de padecer; una propuesta de terapia de grupo liberadora para el auxilio mutuo. 

Y, ante quien pueda leerme (si hay alguien), hago público mi dolor y mi tristeza por lo decidido el día 30 de mayo de 2024 en el Congreso de los Diputados de España —que no puede sorprender—, reclamando, si no su amparo, su reflexión, porque esta es una aflicción sobrevenida, un padecimiento epidémico que sanará si, entre muchos, queremos hacer por curarnos, por sanar la democracia, que, como la piel, recubre toda nuestra vida social. Dice un adagio popular que no sirve de nada llorar por la leche derramada. No sé; depende de cómo se afronte la vida: uno puede plantearse que lo mejor es olvidar o, por el contrario, aprovechar el sufrimiento por el percance para que deje una huella indeleble que evite que pueda volver a suceder. 

Digo esto, ya que no hace todavía cincuenta años que, en España, nos encontramos con la leche esparcida durante casi cuarenta y nos pusimos de acuerdo en cómo recogerla, en cómo fregar y limpiar la casa y en cómo ordenarla para evitar que pudiera volver a acumular tanta porquería y desorden; y, ahora, parece, que, por no llorar, por la pereza ante el esfuerzo que supone mantener una casa aseada, estamos dispuestos a dejar que nos la llenen de fango quienes han creado con engaños un cenagal dentro y chapotean en él para mancharnos a los demás y, así, poder acusarnos de que estamos sucios y de que esto es la prueba de que somos nosotros los que manchamos nuestro hogar. Y todo, debido a que, en el fondo, los embarradores nos detestan por no haber seguido odiándonos o matándonos durante este último medio siglo, por convivir en paz, porque desprecian la reconciliación y añoran volver a la confrontación para poder ganarla, para vengarse, para someter ideológica y civilmente al disidente. 

La ley de amnistía no es un triunfo de la democracia y de la convivencia. La democracia no es reunir los apoyos suficientes para decretar la amnesia, ni la convivencia es imponer a los demás una moral social. De ser así, la esclavitud, el derecho de pernada o el diezmo (no prohibidos expresamente en la Constitución) serían perfectamente democráticos, si un número suficiente de políticos interesados acordaran patrocinarlo y convertirlo en norma legal, y la convivencia consistiría en tolerarlo, haciendo renuncia de la dignidad y de la libertad en pro de la paz del silencio. 

La democracia no es el resultado del chalaneo con los principios éticos y la tolerancia con el trapicheo oportunista, sino respeto escrupuloso a la ley y a los procedimientos legales para modificarla, si se considera conveniente, porque este es el patrimonio que iguala en derechos y deberes a todo un pueblo, la única garantía cierta de la convivencia, sin importar si se es relevante socialmente o un modesto ciudadano anónimo. El Congreso y el Senado no pueden ser zocos ni centros comerciales, sino ágoras para el diálogo, espacios para el debate y el acuerdo sobre el bien común; en ningún caso, centros educativos de marketing donde se imparta un máster sobre cómo permanecer en el poder mercadeando y saboteando a la competencia. 

Al margen de todos los embustes que nos han llevado hasta aquí y de lo que puedan decidir, llegado el caso, una cuadrilla de amiguetes de reconocido prestigio cuidadosamente escogidos, que, sin ser jueces, llevan toga, la ley de amnistía es el triunfo del olvido, no solo de una serie de delitos, sino de los principios esenciales del ejercicio de la libertad: supone decretar, por mayoría absoluta (aunque habría dado igual si se hubiera decidido por unanimidad), que la democracia española ha de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, que, a partir de ahora, habrá de ser discapacitada y que será atendida siempre por los mismos expertos en la dolencia.