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En un Estado democrático y de Derecho ni el Ejecutivo ni el legislativo pueden sustraerse al imperio de la ley. Estamos a tres días de aprobar sí o sí la ley de amnistía. El problema es que Pedro Sánchez no tiene tiempo porque le apremian sus socios, de los que necesita por completo para seguir en el poder. El tiempo corre en su contra y él no está dispuesto a someterse a ninguna ley que no sea su voluntad de permanecer.
Pero entretanto, crujen todas las costuras de nuestro sistema y se agotan las últimas reservas de confianza social en nuestras instituciones.
En 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero finalizaba su primera legislatura, empezó a cuajar en la sociedad catalana una sensación de cansancio y disgusto. Los problemas crónicos en Cercanías, un aeropuerto que entonces era insuficiente para responder a la proyección de Barcelona, la baja inversión pública por parte del Estado o el acentuado déficit fiscal acabaron por engendrar lo que se bautizó como el 'català emprenyat' (catalán enfadado).
Un sistema de Monarquía Parlamentaria o República Parlamentaria que obligue a lo que, de forma concisa y clara ha manifestado el señor Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general del PSOE regional, terminará siempre en un fracaso social y en una realidad disimulada en la que “ordenan e imponen” los poderosos.
La denuncia del sicofante tardofranquista, el seudo sindicato Manos Limpias contra la mujer de Sánchez por "presunto tráfico de influencias", y la posterior admisión a trámite por el juez Peinado, se convirtió en todo un misil en la línea de estabilidad emocional y de resiliencia de Sánchez al dejarle paralizadas las hormonas segregadoras del arrojo político.
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