El verano de la desinformación parece haber logrado su objetivo: preservar el práctico monopolio del sector de las aseguradoras sobre la cantidad que abona la mayoría de los estadounidenses en concepto de salud, y las condiciones bajo las que pueden suscribir.
Nadie va a salir a la palestra y decir esto abiertamente. Pero ese será el resultado si la llamada "opción pública" es eliminada del menú propuesto de opciones dentro del nuevo "cambio" sanitario previsto en las propuestas de reforma examinadas en el Capitolio.
Era previsible que la derecha declararía la opción pública voluntaria una siniestra "toma de control de la sanidad por parte del gobierno." Eso es lo que siempre dice. Sólo hace unos años, el mismo círculo se rasgaba las vestiduras por cómo las prestaciones de la Seguridad Social garantizadas por el gobierno tenían que ser convertidas en cuentas de inversión privadas. Alegaban - con cara durísima - que a todos nos iba a ir mejor si nos jubilábamos gracias a las ganacias obtenidas en Wall Street.
¿Alguien todavía cree eso?
Una cosa es decir que la derecha no anda sobrada de credibilidad y otra muy diferente afirmar que los partidarios de la opción "pública" sanitaria son un atajo de lunáticos de extrema izquierda que se aferran a ella por comodidad ideológica. Pero esto es lo que han sugerido últimamente varios tertulianos que por lo demás tienen nivel, y lo que es peor, es lo que un asesor de la Casa Blanca declaró al Washington Post bajo anonimato cuando expresó su hartazgo de que "la izquierda de la izquierda haya decidido que esto va a ser su Waterloo."
Con la que está cayendo.
La "izquierda de la izquierda" no quiere el tipo de opción pública que actualmente se debate. Quiere un sistema sanitario consistente en un fondo común modelado a imagen de Medicare. Pero a la "izquierda de la izquierda" se le ha dicho fundamentalmente que se pierda junto a su plan de fondo común porque no es políticamente factible.
La opción "pública" es de por sí un compromiso venido a menos. Y es demencial dar a entender que solo es apoyada como dogma de fe ideológica. En realidad cuenta con el apoyo del sentido común a lo que los militares podrían llamar la realidad sobre el terreno.
Ahora mismo, la industria privada de los seguros controla monopolios regionales en los que empresarios, consumidores, médicos y demás profesionales de la sanidad no tienen prácticamente otra opción que tratar con una o dos aseguradoras grandes. El Colegio de Médicos de los Estados Unidos ha estimado que el 94 por ciento de los mercados comerciales de protección médica están "muy concentrados" según las directrices federales anti-aglutinamiento. Si bien la industria de los seguros está en desacuerdo con las conclusiones del AMA, éstas están apoyadas por investigaciones independientes, y no es nuevo: un estudio de 2004 publicado en la revista especializada Health Affairs encontraba situaciones de dominio del mercado similares.
En este entorno, una opción pública que contase con el apoyo del gobierno - y el alcance de su poder adquisitivo - es el único competidor efectivo. Ningún político de los que promueven la alternativa de las cooperativas sin fines de lucro ha dicho cómo pueden ganar estas nuevas empresas la influencia necesaria para competir con los gigantes del sector u obligar a los médicos, hospitales y demás actores sanitarios a ofrecerles descuentos a cambio de una pequeña parte de los pacientes locales.
Una aseguradora sin una red de proveedores pronto estaría en la ruina. Las personas que hubieran suscrito estos planes quedarían en la estacada - a merced de las grandes empresas con fines lucrativos. En contraste, las personas inscritas en un plan público a nivel nacional podrían estar seguras de que su aseguradora no desaparecerá.
El alcance nacional de un plan público también lo convierte en el medio más directo de reducir el gasto, un logro que las aseguradoras privadas prometen desde hace mucho tiempo pero nunca han cumplido. Un motivo de que la Oficina Presupuestaria del Congreso se niegue a prorratear los ahorros federales presupuestarios fruto de algunos de los proyectos de reforma de la industria es ése precisamente - que son teóricos. Mientras tanto, los cambios específicos en las prácticas de remuneración del gobierno no sólo son contabilizados, sino que tienen antecedentes dentro de Medicare de paliar el gasto por titular de póliza más que el mercado privado.
The Commonwealth Fund, un laboratorio de ideas independiente que trata la sanidad, examinó los modelos que actualmente compiten por el apoyo del Congreso y concluye que un plan público con las minutas establecidas de conformidad con las tarifas de Medicare le ahorraría al gobierno federal, a los patronos y a los titulares cantidades importantes de dinero. Los ahorros fueron tres veces mayores que los alcanzados con la competencia sólo entre los planes privados. Hasta una versión modificada del plan público con tipos salariales fijados por el agente asegurador un poco por encima de lo que paga Medicare dio lugar a un mayor ahorro.
Sin embargo, lo que está emergiendo del Congreso es una reforma sanitaria que no es tan rentable como podría y que no protege de pérdidas de cobertura - pero que regala a las aseguradoras millones de nuevos clientes cuyas pólizas estarán subvencionadas por el contribuyente.
Este es el cambio en el que la industria puede creer.