El Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 junto con su entidad asesora el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid, ha presentado en Madrid el proyecto ‘Access2Citizen’ con el objetivo de asegurar que los servicios de emergencias telemáticos y telefónicos sean accesibles a las personas con discapacidad sensorial y cognitiva.

El saludo de bienvenida de este acto corrió a cargo de Guillermo Carpintero, vicerrector adjunto de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad; Francisco Ruiz Boada, director general de Protección Civil y Emergencias; y Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad.

Por su parte, los principales ejes del proyecto y la presentación del demostrador de aplicación móvil accesible para contactar con el 112 fue presentado por la responsable del proyecto, Lourdes Moreno López.

El acto se centró especialmente en el diálogo con representantes de las entidades por la discapacidad que han participado y colaborado en el desarrollo del proyecto. En sentido, conformaron la mesa Susana Obiang Estepa, mediadora comunicativa del servicio VIDASOR de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE); Belén Gutiérrez Fernández, usuaria validadora de la aplicación. Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS); Corina Alfonso Maña, promotora braille de ONCE; y Raquel Alba Martín, jefa de la Unidad Técnica de Sordoceguera de ONCE.

Además, el acto fue presentado por el técnico de accesibilidad de CESyA, Antothony Aquispe y contó con la mediación en el apartado de conclusiones del director gerente y la directora técnica de CESyA, José Manuel Sánchez y Belén Ruiz Mezcua.

El proyecto ‘Access2Citizen’ toma como indicador principal el Artículo 11. de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según el cual se deben implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Igualmente, se han seguido como indicadores la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030; el Real Decreto 193/2023 referido a la accesibilidad de los bienes y servicios; el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público; y la Directiva Europea 2019/882 también conocida como el Acta Europea de Accesibilidad. El proyecto se ha financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con los Fondos de la Unión Europea NextGenerationUE.

Ejes del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se han trazado tres ejes fundamentales cuya ejecución supone: en primer lugar, la elaboración de un diagnóstico para detectar dónde se sitúa el espacio del problema y definir otros posibles espacios de solución; en segundo lugar, ofrecer soporte documental a las Administraciones Públicas en materia de accesibilidad cognitiva y sensorial; y en tercer lugar, aportar una propuesta de integración de una aplicación accesible de emergencias (112) en la red de telecomunicaciones.

De este modo, se ha proporcionado documentación y guías de seguimiento a los profesionales de las distintas Administraciones Públicas, así como también a otros agentes del sector privado. Dichas guías abordan las temáticas del marco regulador en materia de accesibilidad cognitiva y sensorial, actualizado además con las transposiciones de las directivas europeas, accesibilidad a las páginas web, a aplicaciones móviles, a los servicios telemáticos de emergencia y buenas prácticas en políticas de accesibilidad a implementar en una organización.

En definitiva, el proyecto ‘Access2Citizen’ pretende aportar las claves técnicas y específicas para el diseño de un modelo de aplicación móvil accesible, usable y comprensible por todas las personas. Al mismo tiempo, el proyecto define cómo deben implementarse los distintos tipos de canales para establecer la comunicación igualitaria entre la ciudadanía con discapacidad sensorial y/o cognitiva y los profesionales de asistencia en casos de emergencia.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha blindado en la ley el derecho al uso y disfrute de los servicios de emergencias por las personas con discapacidad, para ello se han incorporado nuevas obligaciones Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de la Directiva de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios y a partir de ahora ningún caso será necesario un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia «112». Las comunicaciones de emergencia que se produzcan en territorio español deberán ser accesibles para las personas con discapacidad con las mismas garantías que para el resto de la ciudadanía, es decir, también cuando se producen en itinerancia.

Finalmente, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos sociales, hoy el 112 está disponible a través servicio de videointerpretación para personas sordas Svisual, un servicio solvente y que cuenta con el respaldo de uso de miles de personas sordas, ahora estará disponible 24 horas 365 días para que puedan hacer llamadas a este número de emergencias.

Por ello, el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha manifestado que “Un gobierno responsable, no podía permanecer impasible por más tiempo ante un clamor histórico del asociacionismo de la discapacidad en el que reclamaba legítimamente poder usar y el 112 en condiciones de igualdad y no discriminación. Porque este teléfono, es una política pública de primer nivel dirigida asegurar, nuestra integridad, la indemnidad y nuestra propia supervivencia.

Asimismo, el vicerrector adjunto de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid, Guillermo Carpintero, indicó que “toda la investigación que se hace en la universidad no se puede concebir si no es para mejorar la vida de las personas y este proyecto es uno de los mejores ejemplos que se pueden poner”.

En cuanto a las palabras del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, estuvieron dirigidas al agradecimiento de los investigadores e investigadoras, así como especialmente a las personas de las entidades por la discapacidad participantes en el proyecto. Según indicó el presidente de CERMI, Access2Citizen “es una manifestación de que cuando la tecnología tiene un criterio social produce resultados satisfactorios” y añadió que “la accesibilidad a estos servicios es indispensable para asegurar la vida, la integridad y la seguridad de las personas con discapacidad”.

Finalmente, Francisco Ruiz Boada, reafirmó que “desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias siempre se apoyaran trabajos como este, que sirvan para favorecer la accesibilidad de las personas a los contactos de emergencias”, indicando además que “todas las leyes, normativa europea y nacional, deben unirse para conseguir que todo ciudadano tenga las mismas garantías ante una situación de emergencia”.

Emergencias y accesibilidad

Tras la pandemia causada por el COVID-19 y su incidencia mundial en la vida y en la economía, la Unión Europea, en su Consejo del 21 de julio de 2020, impulsó un conjunto de medidas respaldadas por los fondos NextGenerationEU, que tratan de paliar estos efectos especialmente notables y adversos en las personas con discapacidad. Algunas de estas acciones se articulan a través de proyectos de I+D+i, como es el caso de del proyecto ‘Accesibilidad sensorial y cognitiva en la comunicación y gestión de los servicios telemáticos y telefónicos de la Administración General del Estado – Access2Citizen’.

Puesto que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del sector público aún no son completamente accesibles para toda la ciudanía, presentando barreras para las personas con discapacidad, así como para las personas mayores, el proyecto surgió para atender una necesidad de suma relevancia en cuestión de emergencias que ayude a las distintas Administraciones Públicas e impulse el acceso igualitario a los servicios públicos.