La Comisión Europea amenaza con una penalización económica que hace peligrar la llegada del cuarto desembolso de los fondos europeos fijados en el plan de recuperación, que se eleva a 10.000 millones de euros. La Comisión Europea asocia su entrega completa al cumplimiento de una serie de exigencias entre las que destaca la pendiente reforma de las pensiones, en concreto, alargar el periodo de cómputo de las pensiones. Si el Gobierno no cumple con las exigencias comunitarias podría sufrir una pérdida de hasta 2.500 millones de esos fondos.

La Comisión Europea ha publicado el 21 de febrero cuáles serán sus criterios a la hora de dictar desembolsos parciales por incumplimiento de algunos de los hitos comprometidos por los países en sus respectivos Planes de Recuperación. Pero la penalización -en el caso de reformas relevantes sin cumplir- puede multiplicarse por 5. A partir de estos criterios el descuento a España -por incumplimiento en la reforma de las pensiones- podría alcanzar los 2.500 millones.

Quedan tres hitos esenciales en dicha reforma: alargar el periodo de cómputo de las pensiones, elevar la cotización de los salarios más altos y presentar a Bruselas números convincentes que aseguren que las reformas aprobadas desde 2021 garantizarán el equilibrio de la Seguridad Social hasta 2050. Pero aún la reforma está sin cerrar debido a las discrepancias -por razones contrapuestas- de los sindicatos, de la gran patronal y de las propias autoridades europeas.

Una de cal y otra de arena

La reforma tiene dos aspectos. Por un lado, propone la subida de las bases máximas de cotización y la continuidad del mecanismo de equidad intergeneracional. Por otro, la ampliación del período de cálculo de las pensiones.

La reforma plantea dos medidas para elevar los ingresos, la elevación de las bases máximas de cotización más un incremento, y la permanencia del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) sin límite temporal.

Se plantea el aumento de las bases máximas de cotización más un incremento adicional anual de 1,154 puntos durante 25 años (entre 2025 y 2050) que no solo vincula tal aumento al criterio de revalorización de las pensiones -es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre- sino que propone una subida adicional anual hasta alcanzar el 30% hacia 2050. Lo que supone un mayor ingreso de cotizaciones en el sistema.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. La pensión máxima subiría entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

Obviamente los grandes empresarios se oponen a un aumento de sus aportaciones sociales. Por el contrario, sindicalmente se apoyan las dos propuestas de elevación de los ingresos del sistema público de pensiones.

El problema es el cálculo de las pensiones

La otra medida de gran impacto social es la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años. El periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos, es decir, que se calcularía sobre 28 años.

La ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión -como han cuantificado los economistas de las universidades de Valencia y Extremadura- genera inevitablemente un recorte de las mismas que se calcula afectarían al 70% de los futuros pensionistas. Desde la posición del Banco de España -que sigue hablando de llegar hasta los 35 años- su informe afirma que subir el cálculo a 35 años conseguiría que un 80% de las pensiones iniciales fueran más bajas; sólo un 10% se quedarían igual y otro 10% mejoraría.

Oposición sindical

CCOO y UGT no están de acuerdo con la ampliación de años trabajados para el cálculo de las pensiones futuras. No la ven necesaria y alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo. Mariano Hoya, de UGT, declaró que “el sindicato no aceptará ampliar el periodo de cálculo de la pensión más allá de los 25 años actuales, aunque se ofrezca la posibilidad de eliminar los peores años de cotización”.

Fernando Luján, de UGT, valoró recientemente que las negociaciones sobre la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones “se encuentran en punto muerto” desde diciembre. Sin embargo, “parece que sí que ha habido movimientos por parte del ministro con respecto a Bruselas, pero ni siquiera nos han informado de cómo van sus negociaciones. No tenemos nada”.

Blindar las pensiones en la Constitución

Es inaceptable cualquier amenaza que condicione el futuro del sistema público de pensiones. Las pensiones públicas deben responder exclusivamente al interés general. Cada vez es más urgente blindar las pensiones en la Constitución y la más amplia y plural unidad para conseguirlo como lleva exigiendo desde el año 2013 la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP). Para que sean un derecho fundamental que prohíba explícitamente su privatización total o parcial y la pérdida de su poder adquisitivo.