En su discurso, Dina Boluarte pidió disculpas. Acto seguido, vinculó a las protestas con el terrorismo. Dijo que iba a permitir marchas pacíficas. Cuando al día siguiente estas se dan desde Pachacútec (el mayor pueblo joven del Callao) hasta Miraflores (el centro más pudiente de Lima), ella decreta ampliar por 30 días más el estado de emergencia en Lima, Cuzco y Puno.

En su mensaje dijo que ella no tenía las facultades de acceder a ninguna de las demandas de las protestas: liberar a Castillo, cerrar el congreso y llamar a una Constituyente. Las marchas no son solo contra el poder ejecutivo, sino también contra el legislativo y el judicial, todos los cuales sí tienen esas prerrogativas.

La principal demanda popular es que ella se vaya. Empero, Dina demuestra tener una ambición desmesurada del poder. Pese a haber sido elegida como una “marxista-leninista”, ahora no tiene ningún empacho en ser la punta de lanza porky-fujimorista.

La última encuesta de IEP demuestra que el 80% de los peruanos está en desacuerdo en que Boluarte haya asumido la presidencia y un 88% rechaza al Congreso. Con tan altìsima tasa de desaprobación, cualquier democracia seria del mundo llamaría a elecciones adelantadas inmediatas. Pese a ello, Dina quiso inicialmente quedarse hasta julio 2026 y ahora quiere quedarse 18 a 19 meses más. 

Si Boluarte quisiera pedir disculpas creíbles, ella debiera explicar por qué exactamente 1 año antes de haber hecho el golpe contra Castillo, declaró en Juliaca (la misma que luego masacraría), su lealtad eterna hacia él.

Habló de las promesas incumplidas durante los 16 meses de Castillo, pero ella ha decidido romper con todas las que ambos hicieron durante las elecciones: disolver el TC y la Defensoría del Pueblo, renacionalizar empresas, ingreso libre a las universidades, constituyente, etc.

Si Dina quisiera pedir perdón debiera renunciar o previamente sacar a Otárola y a su gabinete, denunciar penalmente a quienes masacraron, ordenar no emplear armas de fuego o estados de emergencia contra la población; y presentar al Congreso una carta en la cual ella le urge este a disolverse, convocar a elecciones y a resolver el pedido popular de una nueva Constituyente convocando a esta o dando paso a un referéndum que lo decida.