La sanidad pública española es no sólo una cuestión de vida saludable, es también una cuestión de Estado, una cuestión de España como país. Sin embargo, en 2023 enfrentamos los mismos problemas que en 2022. Por eso no cesan las movilizaciones ciudadanas y profesionales, sino que se extienden por la geografía española, con reivindicaciones que vienen de años anteriores, que denuncian recortes estructurales -desde la Atención Primaria hasta la hospitalaria- por falta de recursos humanos, de la calidad asistencial y de las condiciones en las que trabaja el personal sanitario. En este momento ya existen conflictos en ocho comunidades autónomas con gobiernos de muy distinto color.

En sanidad casi la mitad de los trabajadores (43,7%) son interinos. Y el mal recorre toda España. Asturias junto a Cataluña superan el 60%, Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid y Murcia están por encima del 50%, es decir, en comunidades de todo signo político. Por ello insistimos, en una charla con Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Las principales causas de las movilizaciones ciudadanas en defensa de una sanidad pública digna y de calidad se pueden concretar en una sola: el buen concepto de la sanidad que tiene la población española, que no quiere perder esa calidad ni ese derecho a la sanidad. No están por la labor de que se siga deteriorando ese sistema sanitario y exigen a los gobernantes que se mantenga, se mejore y se le dote de los recursos necesarios para seguir teniendo la calidad que tenía en su momento.

Porque el problema se extiende a toda la sanidad pública española, porque no es cuestión de una comunidad ni de un gobierno concreto, sino de la falta de recursos en general que se dedican a la sanidad en todas las comunidades y a la falta de planificación en ellas desde hace tiempo, algo que se produce tanto desde el gobierno central como desde los autonómicos.

Si cae la Atención Primaria, cae el resto del sistema

Y la gravedad se agudiza en los servicios de Atención Primaria porque es el primer lugar de entrada a la atención sanitaria. Cuando ésta no resuelve las situaciones que demandan los pacientes es cuando se va sobrecargando el segundo nivel, que son las Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias. Si no está bien dotada la Atención primaria, se sobrecarga el resto del sistema, de manera que, si cae la Atención Primaria, cae el resto del sistema. Es una espiral donde la repercusión del mal funcionamiento del primer nivel asistencial va afectando al resto de la red sanitaria.

Las diferencias que existen en el deterioro de la sanidad pública entre la Atención Primaria, las Urgencias y la atención hospitalaria especializada son principalmente los tiempos en los que se desarrollan. La Atención Primaria es el primer punto donde acude el paciente, y todo lo que no se resuelve allí o necesita intervención de alguien específico en un campo determinado es lo que se deriva a la atención hospitalaria especializada, sea para cirugías o para determinadas patologías. La inmensa mayoría de las patologías son de solución en Atención Primaria pero las que no lo son acuden al hospital, generalmente de forma programada.

Sin embargo, cuando esta atención hospitalaria se difiere mucho y deben esperar demasiado tiempo a ser atendidos, muchas veces se crea la llegada a Urgencias de forma inadecuada, es decir, buscando la solución rápida a un proceso que se está alargando en el tiempo más de lo que debería por falta de planificación. Las Urgencias están para atender urgencias, no las cuestiones que se pueden solucionar en otros puntos del sistema. Urgencias debe resolver aquello que requiere actuación inmediata. Si no, no tendría ningún sentido este funcionamiento del sistema.

Mayor inversión en personal y medios, demanda universal

Es indiscutible que se necesita mayor inversión en el sistema sanitario. Si no se invierte más no habrá personal y entonces no funcionará el sistema. Si al personal que hay no se le dota de los medios apropiados, también fallará su funcionamiento. No podemos pretender que el sistema funcione cada vez con más recortes y menos medios o medios obsoletos si queremos la misma capacidad. El personal se somete a un sobresfuerzo para mantener esa calidad asistencial con menos recursos, pero tiene un límite y éste no se puede superar.

En España estamos por debajo de la media de los países de nuestro entorno en inversión en el sistema sanitario. Si queremos mantener un sistema de calidad esto requiere inversión y eso es lo que deben priorizar los políticos. Es cierto que los recursos son limitados, pero el político cuando llega a su puesto de gestión debe valorar dónde hace la inversión, en qué parte refuerza y dónde se puede recortar. Durante un tiempo se ha pensado que nuestro sistema nacional de salud podía admitir recortes, y así nos ha ido.

Ya antes de la pandemia el sistema daba muestras de fatiga, pero después de estos dos años se ha visto que no puede seguir adelante con el planteamiento inicial cargando la falta de recursos sobre el esfuerzo de los profesionales, tremendamente agotados y desmotivados por las condiciones laborales en las que deben afrontar su día a día.

Por un pacto de Estado para una sanidad pública, universal y gratuita en España

Hace tiempo que venimos reclamando este Pacto de Estado. No puede ser que estemos a los albures de quien llegue en ese momento al Gobierno para aplicar las soluciones imaginativas que se articulen. Es necesario ese pacto para que, gobierne quien gobierne, haya una serie de premisas que deben ser básicas y se deben mantener por parte de todos. Una de ellas es la inversión. Más recursos en los sistemas sanitarios, garantizar la calidad del sistema sanitario para todos, y esto supone que debe haber más dinero para poder disponer de más profesionales, para cuidar a los que hay actualmente, hacer una adecuada planificación del sistema, etc. Hay que dedicarle al sistema sanitario todos los recursos que precise para que pueda ser sostenible.