El Gobierno, con su política educativa, por una parte, se orienta a devaluar y diluir el concepto mismo de familia, con la inclusión de, al menos, dieciséis modelos. Por otra, confirma la pretensión de limitar gravemente el derecho constitucional de los padres en lo que se refiere a la educación de sus hijos, al impedir por ley que los padres puedan negarse a que sus hijos reciban la educación sexual que se establezca en los centros educativos. Esta nueva ley vuelve a cometer el error de considerar implícitamente que la responsabilidad de educar a los hijos no corresponde en primer lugar a los padres, sino al Estado.

El anteproyecto de Ley prohíbe el denominado “Pin Parental”, una forma de garantizar que los contenidos ofertados en el Colegio no sean contrarios al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Lo que no acaba de entender la ministra de los Derechos Sociales y Agenda 2030 es que ese derecho de los padres es un principio constitucional que no se puede violentar impunemente. Y que un gobierno no puede imponer su ideología a través de la Educación.