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Aunque el Ejecutivo está tratando por todos los medios de desligar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de la reforma del delito de sedición, lo cierto es que ambas cuestiones están coincidiendo milimétricamente en el tiempo que se acaba, y son sus propios socios de gobierno los que se encargan de recordar cuáles son los peajes que Sánchez está dispuesto a pagar.
Uno de los más escandalosos es el que ha exigido Esquerra Republicana de Cataluña sobre la necesidad de reformar el Código Penal para que los protagonistas del aquelarre independentista del 1 de octubre de 2017 no se vean afectados en demasía por el delito de sedición, tal como está contemplado actualmente en la legislación española.
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