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Un total de 146 personalidades del Estado español, entre las que están los representantes políticos Alberto Garzón y Gaspar Llamazares, se han sumado a la declaración presentada en Bruselas en marzo de 2015 a favor de "la liberación de Arnaldo Otegi".
Según ha informado la iniciativa 'Free Otegi', la Declaración presentada en Bruselas también reclama "el final de la política de alejamiento como paso previo a la excarcelación temprana de los presos vascos, considerándolo paso necesario para poder alcanzar una paz justa y duradera".
Entre los firmantes del Estado español destacan el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón; los ex coordinadores generales de IU Gaspar Llamazares y Julio Anguita; el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza; los eurodiputado de Podemos Miguel Urban y Xabier Benito; el actor Willy Toledo o la escritora Almudena Grandes.
Por otro lado, la iniciativa 'Free Otegi' ha anunciado que David Fernández (CUP) y Joan Tardá (ERC), también firmantes de la declaración, visitarán este fin de semana a Arnaldo Otegi en la cárcel de Logroño.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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