Desconozco el protocolo del establecimiento de agendas de Felipe VI, pero entiendo que éstas tienen que ser muy respetuosas con los proyectos del gobierno y con las circunstancias. En el primer caso, las elecciones estaban previstas, y no hay razón que justifique que el gobierno de Rajoy programara una visita de Estado fuera de la legislatura que le daba el gobierno. La amenaza terrorista y las “presuntas” implicaciones de Arabia Saudí en las mismas no parecen el momento adecuado para esta visita. Me parece una provocación más. No veo otra explicación.

En efecto, un jefe de Estado no puede permitir que un gobierno en funciones le imponga una agenda, y debe respetar la voluntad de los votantes que han optado por partidos que aún no han formado el nuevo gobierno. Es una razón de peso si consideramos que el soberano es la “encarnación” del Estado.

Es inquietante que el gobierno haga agendas en periodos en los que no sabe si gobernará, es aún más inquietante que no existan instrumentos para evitar tal usurpación, pero, si un jefe de Estado sirve para algo es ante estos casos.

Es grave que no se tengan en cuenta las circunstancias, puesto que Arabia Saudí es un Estado que viola los Derechos Humanos, porque, aunque fueran falsas las acusaciones de la implicación del anfitrión en la activación del terrorismo que nos amenaza, hay muchos síntomas de que así sea y, desde luego que este rasgo marcará la recepción de la visita.

Felipe VI tiene otras circunstancias que deberían pesar en sus decisiones; puesto que la visita está programada en el marco de las excelentes relaciones de la familia Real con la familia real de Arabia Saudí y también en este caso encontramos síntomas que incitan a temer tráficos de armas o cuando menos aceptación de invitaciones de traficantes, como ocurrió con Juan Carlos I.

La cuestión del tráfico de armas, como en los casos anteriores, nos da síntomas que implicarían a otros personajes del régimen y sean ciertas o no las acusaciones, también hay síntomas, y un jefe de Estado debe ser muy consciente del impacto que esta acusación tiene en la opinión pública.

Finalmente, Felipe VI, debería ser muy consciente del rechazo de los españoles a la corrupción y de la imputación que pesa sobre miembros de la familia real y de la Casa Real.