Paraguay: un país pobre con diplomáticos suculentos

Peter Tase

viernes, 8 de enero de 2016, 00:30 h (CET)

El 7 de enero del 2016, el periodista del Diario ABC COLOR Juan Carlos Lezcano F. publico un articulo investigativo sobre dos funcionarios de la Embajada del Paraguay en Estados Unidos, que serían pareja y viven juntos; además “tienen dos casas en ese país, una a nombre de cada uno”. Actualmente al menos uno de ellos recibe subsidio por alquilar una casa cuya dirección no existe. Dicha irregularidad fue denunciada ante la Cancillería Nacional en Julio 2015, por el embajador saliente Igor Pangrazio, mientras los dos anteriores embajadores – Rigoberto Gauto Vielman (actual vice ministro de relaciones económicas e integración) y Fernando Pfannl Caballero – hicieron el sordo mudo sobre este caso de malversación de fondos públicos.

Según Juan Carlos Lezcano, “el 7 de marzo de 2011, Jorge Antonio Ruiz Díaz presentado como primer secretario de la Misión Permanente de Paraguay ante la OEA, compró una casa en la zona de Old City II, Washington DC por US$ 215.000 dólares. Actualmente, la residencia, ubicada en el 1156 de 1st Street, tiene un valor cercano a los US$ 500.000.”

Lezcano le hace un análisis bien completo a este caso de despilfarro del dinero público: “La propiedad inmobiliaria tiene tres dormitorios, paredes externas de ladrillo visto, un baño completo y uno parcial, está ubicada cerca de varias estaciones de metro y dos escuelas. Poco más de dos años después, el 15 de julio de 2013, Ruth Marilia Acosta Gamarra, también funcionaria contratada de la representación diplomática paraguaya, [la] pareja de Jorge Antonio, compra por US$ 375.000 una casa ubicada en 66 Riggs Road, zona límite entre Washington DC y Maryland. La “adorable casa” (como la describen portales inmobiliarios) tiene cuatro dormitorios y es ideal para la residencia de una familia.”

Según consta en la nómina oficial de funcionarios de Cancillería, todos los meses al menos uno de ellos (Jorge Antonio) recibe un subsidio de aproximadamente US$ 3.000 para alquilar una residencia en Estados Unidos. Es decir - mientras hoy en día hay más de 30 mil familias damnificadas (sin techo) por las últimas inundaciones en todo el país - el Estado Paraguayo les está reponiendo a estos suculentos diplomáticos un dinero por un alquiler inexistente. El flamante periodista paraguayo pregunta: “¿El motivo? La casa o casas donde viven, les pertenecen.”

De acuerdo a una serie de documentos revisados por ABC Color, Ruiz Díaz presentó ante la Embajada del Paraguay en Estados Unidos un contrato de alquiler en el que figura que la casa que supuestamente arrenda utilizando dinero público se encuentra en el 5404 1st Street, NE, Washington DC 20011. Esa dirección, de acuerdo a registros públicos del distrito de Columbia, en realidad no existe. Lo llamativo del caso es que la dirección declarada quedaría muy cerca de la casa que en 2013 compró Ruth Marilia en 66 Riggs Road, NE, Washington DC 20011. Según fuentes del mismo diario: “la casa que figura a nombre de Jorge Antonio estaría alquilada por US$ 4.500 mensuales.”

Esta irregularidad fue denunciada en diversas oportunidades por el embajador Igor Pangrazio, este último le había comunicado sobre esta supuesta irregularidad al canciller nacional Eladio Loizaga por primera vez ya el 30 de julio de 2015.

Casi un mes después, el 20 de agosto, Embajador Pangrazio volvió a remitir una nota detallando cómo Ruiz Díaz estaba percibiendo el subsidio por alquiler de una casa cuya dirección en realidad no existía. Como suele ocurrir, la Cancillería nunca realizó la necesitada averiguación.

Un par de meses después de haber realizado dicha denuncia, el embajador Pangrazio - premiado por su ‘buena gestión’ - fue sacado del cargo de embajador paraguayo en Estados Unidos y en su reemplazo fue nombrado Germán Rojas, el ex ministro de Hacienda del gobierno del Presidente Cartes. Desafortunadamente el gobierno paraguayo sigue empanando la impunidad mientras su eslogan “Construyendo el futuro hoy” se quedara solo un anhelado sueño que nunca se cumplirá, por lo menos hasta el 2018.

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