La contraofensiva militar ucraniana de septiembre ha permitido recuperar más de 8000 km2 de territorio. La retirada rusa de la zona de Karkiv, precipitada y abandonando material militar, provocó reacciones controvertidas en Rusia. Desde sectores que exigían que Putin decretara el estado de guerra y la movilización general, quienes públicamente exigían medidas contra los oficiales que comandaban las tropas rusas, y 84 concejales que pedían la dimisión de Putin.

El retroceso ruso, el segundo tras el abandono del frente de Kiev, atrapaba a Putin en sus propias contradicciones. En febrero se negó a declarar el estado de guerra por miedo a una reacción popular. Los problemas de reclutamiento se convirtieron en una pesadilla para Putin. Al extremo de tener que recurrir al Grupo Wagner, empresa de mercenarios que también actuó en Siria, para contratar presos comunes, activaron la contratación directa en las zonas más pobres y periféricas de Rusia, pero los efectivos eran manifiestamente insuficientes para los operativos de guerra.

El grado de deserciones en el ejército ha ido en aumento. Los mismos contratos que firman los que alistan para ir al frente permiten la recisión unilateral del contrato en tiempos de paz, y supuestamente no hay guerra. Existe una desmoralización completa en las tropas rusas que no entienden porque tienen que combatir a quienes siempre consideraron hermanos y hasta tienen familias en común. Por el contrario, el factor moral siempre a estado alto del lado del pueblo ucraniano que se unió para defender su país, sus tierras, sus casas, ante una invasión de una potencia capitalista que busca dominarlos.

El 20 de septiembre la Duma rusa modificaba el código penal para endurecer las penas por deserción o rendición, para obligar a los soldados a luchar. Introduce también artículos como la movilización general, la ley marcial y el estado guerra. El miércoles Putin impone por decreto la movilización de 300.000 reservistas y advierte que está dispuesto a defender con todo Rusia, incluida con las armas nucleares.

Pero la reacción a la movilización parcial no se ha hecho esperar y en 40 ciudades de toda la geografía rusa se han producido manifestaciones contra el decreto de Putin. La respuesta fue la represión, con más de 1400 detenciones. Otra reacción popular es el crecimiento de las colas por la búsqueda de pasajes para viajar a países limítrofes para evitar una posible convocatoria a la guerra.

Asimismo, Putin acelera en todos los los territorios ocupados en la región del Donbass (Lugansk y Donetsk), Kherson y Zaporizhzhia – forzar nuevos referéndums entre el 23 y al 27 de septiembre, para que apruebe anexarse a la Federación Rusa. Ya Putin lo hizo en 2014 sobre Crimea. Con esta maniobra fraudulenta pretende luego justificar que es territorio ruso y cualquier ataque a esas localidades podría considerarse como “un ataque a Rusia”. Rechazamos esos referéndums tramposos. Estos territorios son parte de la nación ucraniana y se han convertido en enclaves de Rusia bajo ocupación militar. Tal como ocurrió con Crimea.

Desde la UIT-CI llamamos a multiplicar la solidaridad con las y los manifestantes rusos que se oponen a la política criminal de Putin. Basta de represión a la protesta en Rusia. Por la inmediata libertad de los presos y presas políticas y de los centenares de detenidos por reclamar contra la guerra en Ucrania.

Exigimos a los gobiernos europeos el reconocimiento del derecho de asilo para los soldados rusos que abandonen el frente y a los opositores al régimen de Putin. Ratificamos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano en su lucha contra la invasión rusa. Seguiremos apoyando a la izquierda política y sindical ucraniana que combaten al invasor ruso sin dar apoyo el gobierno de Zelensky ni a la OTAN.

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Josep Lluis del Alcázar. Miembro de la dirección de Lucha Internacionalista (Estado español) y la UIT-CI* - Fue integrante de la delegación de la UIT-CI que viajó a Kiev a hacer entrega de ayuda solidaria a sectores de la izquierda ucraniana, en el mes de mayo.