La junta militar de Malí ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) de retirar las sanciones "ilegales, ilegítimas e inhumanas" aplicadas en enero por los retrasos en el proceso de transición abierto tras el golpe de Estado de agosto de 2020.

El portavoz del Gobierno de transición, Abdoulaye Maiga, ha señalado en un comunicado que la decisión "tiene en cuenta las demandas del pueblo maliense, especialmente la necesidad de llevar a cabo reformas políticas e institucionales antes de organizar elecciones".

Así, ha confirmado que Bamako "suspende la aplicación de su plan nacional de respuesta" a las sanciones y ha dado las gracias a la población por "su sacrificio y resiliencia", antes de recalcar que seguirá trabajando para volver al orden constitucional.

"En línea con la visión del presidente de transición, Assimi Goita, de restablecer el orden constitucional, lograr la paz, la estabilidad y la buena gobernanza, el Gobierno se compromete a hacer todo lo posible para materializar los objetivos de la transición esperados por el pueblo maliense", ha zanjado Maiga.

Las sanciones a Malí incluían el cierre de fronteras, la congelación de activos malienses y la suspensión de intercambios comerciales y financieros, si bien la CEDEAO decidió mantener las sanciones financieras que tienen como objetivo a los líderes de la junta. Malí también permanece suspendido en el organismo regional.

Goita encabezó en agosto de 2020 la asonada contra el entonces presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita, y lideró posteriormente un segundo golpe de Estado en mayo de 2021 contra las autoridades de transición --momento en el que derrocó al presidente y el primer ministro, Bah Ndaw y Moctar Ouane--, alzándose al poder.

La CEDEAO impuso sanciones tras el aplazamiento de las elecciones previstas para febrero y propuso un plazo de entre 12 a 18 meses para que los golpistas malienses entreguen el poder a unas autoridades civiles a través de nuevas elecciones, si bien la junta anunció recientemente una prórroga de dos años del periodo de transición.